Seguridad alimentaria: menos pastos y más labranza

por: Carlos Barbosa

Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 2015, la inseguridad alimentaria afectó al 54,2% de los hogares colombianos en 2015 (mientras que la inseguridad severa fue del 8,5%, de los hogares). Usualmente, la seguridad alimentaria se concibe a partir de la disponibilidad de alimentos (oferta de alimentos propiamente dicha), acceso a los alimentos (capacidad de ingreso para poderlos adquirir, lo cual supone, entre otras, no tener inflación de alimentos), y adecuación (es decir, que los alimentos contengan una cantidad mínima de nutrientes, además de que se puedan aprovechar –por ej., que las personas no tengan problemas gastrointestinales por problemas de agua potable-, y que los alimentos sean inocuos –no hagan daño-, ello sin menoscabo de contar con un mínimo de calidad, por ej., que las frutas no lleguen estropeadas o avinagradas a los centros de distribución). Así, problemas de disponibilidad, acceso o adecuación significan problemas de seguridad alimentaria.    

En dirección similar al pasaje anterior, es razonable afirmar que desde que Colombia cuenta con registros oficiales acerca de la pobreza, en particular sobre la pobreza extrema, la magnitud del problema de hambre en Colombia se ha podido visibilizar. Para el tema en consideración, se debe destacar que la tasa de incidencia de pobreza monetaria extrema (en términos latos, miseria) sido muy alta en Colombia, equivalente a un 10% en promedio (media geométrica) entre 2012 y 2020. Si bien las tasas de miseria de las cabeceras han sido prominentes (7,1% en promedio), las tasas de miseria de las zonas rurales colombianas han sido escandalosamente altas: alrededor del 19%, en promedio. Lo anterior significa que 1 de cada 5 campesinos colombianos no logra los ingresos suficientes para comprar o acceder a un mercado de alimentos básicos; esto es, 1 de cada 5 campesinos ha sufrido de hambre, en el periodo de referencia. Por su parte, en las zonas urbanas la proporción de personas con hambre (entendida como la persona que está en situación de miseria, o de forma edulcorada la persona con insuficiencia de ingresos para adquirir una canasta de alimentos básicos) equivalió a 7%, es decir, 1 de cada 14 personas de las zonas urbanas no cuenta con los ingresos para comprar una canasta de alimentos básicos. Ver gráfica adjunta. (Recordar que la línea de pobreza monetaria extrema  –o miseria- es el nivel mínimo de ingresos que permiten comprar una canasta de alimentos básicos. Es decir, no tener los ingresos para comprar dicho mercado de alimentos básicos significa que la persona está en condición de miseria: el valor en el año 2020 de dicho mercado fue de $145.000, vale decir, a la sazón 1,3 dólares diarios o 39,2 USD mensuales, a una tasa de cambio de $3.700). 

Tasas de pobreza monetaria extrema 2012-2020

Fuente: DANE 

La inflación de alimentos tan perceptible (según el DANE, 17,3% de inflación anual para alimentos y bebidas no alcohólicas en 2021, mientras que el IPC equivalió a 5,62%, de los cuales 2,73 se explicaron por el encarecimiento de los alimentos), ha puesto en evidencia los problemas de seguridad alimentaria, más allá de las altas proporciones de incidencia de la miseria monetaria (alrededor del 10% como se manifestó más arriba). Asimismo, el incremento tan desmesurado de la tasa de cambio (algo más del 10% en 2021), pues inició el año a $3.430 por dólar americano y cerró a $3.990 en diciembre de 2021 (claro, con el dólar variando entre estos dos valores), también ha puesto el foco en el precio de los alimentos dado el gran volumen de alimentos que el país importa, y dada la gran incidencia que tiene el precio de los insumos agrícolas importados, entre otros.

Claramente, el incremento de precios de los alimentos, los incrementos de la tasa de cambio y las altas tasas de miseria (monetaria) han puesto de relieve (y de moda en los medios de comunicación) el problema de la inseguridad alimentaria en Colombia (y se creería que también en la agenda de políticas públicas).  En fin, la inseguridad alimentaria representa un problema agudo de bienestar social, inclusive de estabilidad social (y todo lo que ello representa para la consolidación de la democracia). Según el Conpes 113 de 2008 la “Seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa”. Es decir, la seguridad alimentaria está determinada categóricamente por la disponibilidad de los alimentos (oferta física de alimentos, oferta que en Colombia es deficiente, entre otras porque en Colombia la mayor parte de la tierra agropecuaria  se dedica a la ganadería y no a la agricultura, 80% vs 20%, respectivamente –DANE, Censo Nacional Agropecuario, 2014-, por la baja productividad, y porque buena parte de los alimentos se daña por no poder llegar a los centros de distribución); está determinada también por el acceso económico a los alimentos (vale decir, contar con el ingreso para poderlos comprar; acceso que es socavado por la inflación tan pronunciada así como por la alta tasa de cambio). 

En general, el problema de inseguridad alimentaria en Colombia no solo ha sido bastante pronunciado sino que demanda atención prioritaria dado que afecta directa e inmediatamente el derecho humano a la alimentación y a la salud (por enfermedades derivadas de la malnutrición); mientras que a largo plazo repercute negativamente en el bienestar de la sociedad, además de representar reducciones de la productividad del factor trabajo, y de la propia economía. En el tiempo presente es lícito pensar que el desarrollo actual de la tecnología permite un acceso universal a los alimentos, hecho por el cual se puede considerar que el problema del hambre en una sociedad es más un problema político que un problema técnico. 

En el caso colombiano se puede considerar que la oferta de alimentos se puede mejorar estableciendo medidas que incidan de forma determinante en el uso del suelo (que impliquen menos pastos y más tierra para la labranza), mejoramiento del transporte de los alimentos para evitar el daño de los mismos y mejorar el acceso a los centros de distribución (incremento sustancial y estratégico de las vías terciarias, por ejemplo), mayor titularización (formalización de la propiedad) de tierras para el campesinado que aun en posesión de una parcela de tierra carezca de tales títulos, etc. Así, la mayor disponibilidad de alimentos para el mercado local (no para la exportación, por ejemplo, tal como ha venido ocurriendo con el ganado bovino), aumenta las probabilidades de acceso. Claro, otras intervenciones tan benéficas como las de los bancos de alimentos también han ayudado perceptiblemente a la mitigación del problema, por lo cual un apoyo a este tipo de intervenciones desde el Estado supone un mejoramiento del acceso directo e inmediato a los alimentos. Para los alimentos que no se producen en cantidades suficientes en el país y que mayoritariamente se deben importar, se pueden establecer planes contingentes de revisión y fijación de aranceles. De forma complementaria, se requiere incrementar sustancialmente el acceso al agua potable, sobre todo en la población rural que es donde hay más problemas de cobertura, ello con el fin de mejorar el aprovechamiento de los alimentos al reducir las enfermedades gastrointestinales. 

En resumen, dado que el problema de inseguridad alimentaria es un problema muy grave, de una magnitud muy alta, se requiere abordarlo de forma inmediata, con medidas que incidan decisivamente en la oferta (disponibilidad) de alimentos para el consumo local (incremento de la soberanía alimentaria), como también en el acceso a los mismos. (Al respecto, esto implica, por ejemplo, medidas políticas que tocan intereses afincados de algunos sectores política y socioeconómicamente poderosos, que se van a oponer a través de sus grupos de lobby, y mediante su representación parlamentaria en el Congreso de la república: por ejemplo, sectores como el terrateniente.)  A mediano y largo plazo se deben establecer las medidas orientadas a erradicar la pobreza extrema en el país; otra manera de obrar es pura retórica. Se destaca: se necesita tomar medidas urgentes que ataquen frontal y decisivamente el problema del hambre que actualmente padece una proporción bastante considerable de los colombianos (mal contadas, de forma directa cerca de 5 millones personas en el año 2021, a juzgar por los datos sobre miseria monetaria). Y como en el caso de una persona joven que quiere transitar por la vida sin grandes avatares ni azares, y menos estrecheces, se debe elaborar una política de Estado (a modo de proyecto de vida de ese adolescente llamado Colombia), que tenga como objetivo fundamental erradicar la pobreza extrema, mientras que de forma progresiva vaya reduciendo la pobreza moderada, lo cual implica establecer un gran paquete de medidas económicas, educativas, ambientales, de justicia, comercio exterior, etc., todo lo cual implica tocar intereses de grupos poderosos (medidas políticas), entre otros, así como el concurso de todos los ciudadanos. 

Editorial fundación FINDESE

 

A modo de reflexión 

Por: Carlos Barbosa

Colombia es un país que en términos sociales ha estado crónicamente mal (la desigualdad 0,54 de GINI, la pobreza, 42,5% en 2020; la inseguridad ciudadana y la violencia crónica también lo han evidenciado secularmente de forma conspicua; igualmente, han sido problemas socioeconómicos y culturales la discriminación étnica y social). Recientemente, también el estallido social de abril de 2021 ha dado fe de lo anterior. En términos económicos la situación ha sido muy regular si bien los precios del petróleo dieron una buena mano hasta el año 2016 (y hoy a 2021 los del café, y algo el repunte de los precios de petróleo, pero, igual, no alcanza). Empero, se siguen exportando bienes y servicios de poca variedad y poca sofisticación (claro, también en poca magnitud). Con todo, en Colombia hay una máxima que es verdadera: mientras que a la economía le va bien, al país no tanto, pero cuando a la economía le va mal, al país le va mal, tal vez muy mal (recuerda lo señalado por representantes de un gremio hace ya varios decenios). Peor aún, en términos ambientales, en Colombia la deforestación sigue rampante, no solo por efectos de los cultivos ilícitos, sino también por la apertura de espacio para la ganadería (y para un nuevo latifundismo), así como para la apropiación de tierras baldías, ello sin descontar los efectos de la minería ilegal en la seguridad ciudadana y poblacional, y en el medio ambiente. (Claro, mucha minería legal también ha tenido y tiene efectos sociales y ambientales negativos que son encubiertos con el sofisma del desarrollo y del crecimiento económico). Lo anterior sin descontar las privaciones de esas economías de enclave, que ningún desarrollo ni valor agregado dejan a las personas, ni a las respectivas comunidades en las concomitantes áreas de asentamiento; recordar el caso de las bananeras). Demás está señalar que en muchos (¿en todos?) territorios reina en diversos grados el clientelismo (el cacicazgo, y el nepotismo) habida cuenta la falta de una atención institucionalizada por parte del Estado a un segmento poblacional de menesterosos (claro, también sin menoscabo de la corrupción a todos los niveles y de todas las formas). Grosso modo, este es el panorama cualitativo reciente de Colombia aunque los medios no dejen de subrayar el “impresionante” crecimiento económico (más nominal que real y cuya base de comparación es el nefasto 2020), cercano al 10% en 2021 (muy seguramente sin jalonar considerablemente el empleo de calidad ni una mejor redistribución del ingreso; pese a ello, peor es nada).  

Según lo anterior, existe un entramado de problemas y dificultades que es preciso empezar a resolver, no pensando que en 4 u 8 años estarán resueltos, sino que se trata de un ejercicio y un deber que debe ser continúo y que supone la participación de toda la población mayor de edad (si no hay tal, ni modo). Por su parte, respecto a este punto, aquí se considera que la resolución de estos problemas supone una política de Estado, no de gobiernos, y de la sociedad, lo cual implica reconfigurar continuamente la estructura del poder tanto político como económico (algo contra de lo cual se van a oponer los grupos privilegiados y beneficiados con las diversas prerrogativas que tienen del Estado y de la misma sociedad). En consecuencia, a continuación se señalan grosso modo algunas cuestiones inmediatas y mediatas que representan problemas que deben ser abordados.  

Se sabe que Colombia es un país con bajo nivel, porcentaje (dentro del PIB) y diversidad de exportaciones, todo lo cual implica gran volatilidad de la tasa de cambio frente a las vicisitudes de los mercados internacionales, en particular en lo referente al precio de los bienes (commodities) y servicios exportados, hecho que por lo demás afecta considerablemente la economía, y por supuesto el empleo (tanto en cantidad, calidad como estabilidad, ello sin menoscabo de las condiciones laborales de las personas). En una palabra, la baja competitividad de Colombia en los mercados internacionales significa alto valor de la tasa de cambio, alta volatilidad de la misma, posible incremento de la inflación (y tasas de interés) así como significativa vulnerabilidad de la economía (reducción de niveles y participación del empleo, ello sin dejar de tener en cuenta los impactos en la calidad del empleo). 

Por otro lado, también descuella el hecho referente al valor del dólar alrededor de 4.000 COP en el año 2021, todo lo cual también ayuda a incrementar la inflación (y las concomitantes tasas de interés; probablemente el dólar siga subiendo; habrá que esperar después de los resultados definitivos de las elecciones presidenciales para ver si estabiliza un poco). El caso es que un dólar tan alto afecta negativamente el precio de los productos intermedios, las materias primas y el valor de los bienes y servicios imprescindibles en el país. En ultimas, el dólar alto supone mayor inflación y por tanto la afectación en los ingresos de las personas; en particular se ven afectadas las personas de más bajos ingresos, lo cual incide negativamente en el bienestar socioeconómico.

Por supuesto, lo anterior incide negativamente, entre otros, en el fisco nacional habida cuenta la volatilidad y posibles incrementos de la deuda pública en dólares, así como los concomitantes efectos en la capacidad de gasto e inversión pública, sobremanera la orientada a los proyectos claves de infraestructura así como a la inversión social (erogaciones en salud y educación, por ejemplo). Claramente, la incidencia de la baja competitividad en la magnitud y calidad del empleo se manifiesta en la capacidad de generación de ingresos, como también en la lucha contra la pobreza, sobre todo contra la pobreza extrema (y lo que ello conlleva tal como el hambre, la desnutrición y las concomitantes enfermedades, en las personas de más bajos ingresos. Se subraya, el hambre, la desnutrición, etc., afecta los derechos humanos). 

De nuevo, frente a los problemas inflacionarios que se cree se avecinan, se señala que la segunda semana de diciembre de 2021 fue establecido el salario mínimo en Colombia en 1’117.772 pesos colombianos (COP),  lo cual representó un aumento del 10,07% frente al salario del año inmediatamente anterior (un incremento extraordinario, tal vez muy populista). Tal incremento fue establecido de forma unánime entre los gremios de la economía, representantes de los trabajadores y empleados sindicalizados, y el Gobierno nacional, sin la realización de las tradicionales discusiones de fin de año. En realidad, tal decisión tiene más un tufo político que ser el resultado de exámenes técnicos, y por supuesto de un pulso político (que también es parte habitual de dicha determinación). Empero, dicho calor y efervescencia momentánea traerá consecuencias en la economía, tal cual lo señalan diversos expertos en el tema. Y aunque se puede pensar que con tal crecimiento de la economía este aumento es justificado (pues el tamaño del pastel no solo se recuperó sino que creció levemente, además de los ajustes propios por la inflación de 2021), lo cierto es que esto puede ayudar a incrementar la inflación (y todo lo que esto conlleva tal como el incremento en las tasas de interés) además de fomentar la informalidad económica y laboral, entre otros. Igualmente, puede incrementar la brecha entre los ingresos salariales de los empleados formales y el de los informales. 

Al respecto, debe observarse que la pobreza (magnitud y proporción) es bastante volátil en la medida que existe una gran franja poblacional bastante vulnerable a esta, así como también otra franja poblacional vulnerable (dentro de los pobres) a la pobreza extrema, ello sin descontar las personas que experimentan pobreza (moderada o extrema) de larga duración. Frente a esto, se señala que la lucha contra la pobreza va más allá del incremento de subsidios (que son importantes) y más allá de programas o intervenciones públicas que suponen incrementar el empleo artificialmente (sin referencia a incrementos sostenidos y efectivos de productividad e innovación, por ejemplo).   

Al respecto, aquí se considera que la atención y lucha contra la pobreza, la desigualdad, inequidad y exclusión social es una cuestión de política de Estado, no un asunto de periodos de Gobierno (políticas cuatrienales), atención que pasa por establecer políticas económicas de muy largo plazo (lo que implica, entre otras, tocar intereses de poderosos agentes económicos con grandes prerrogativas), de realizar ajustes institucionales considerables, lo cual implica una reconfiguración de las estructuras del poder (proverbial es el lobby continúo que hacen los grupos económicos de mayor peso en el Congreso, además de su incidencia mucho menos visible en el Ejecutivo). También la lucha contra la pobreza demanda el concurso de toda la sociedad, aunque el Estado, en teoría, somos todos, somos la sociedad. Por supuesto, ayudar a erradicar la pobreza extrema (y de paso cumplir efectivamente con al menos uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030) también pasa por luchar contra la cacareada corrupción (la cual fue votada en Consulta Popular realizada en agosto de 2018 por poco menos de la tercera parte de los potenciales votantes, lo cual es una impresión representativa, tal como aquí se considera, que a una gran proporción de la población poco le importa el problema, aunque en las encuestas reiterativa y continuamente se señale cínicamente que es prioritaria la lucha contra la corrupción). 

Por todo lo anterior, pensar en logros considerables contra la pobreza (más allá de sacar pobres y volverlos clase media vulnerable a la pobreza que al menor remezón de la economía vuelven a caer en la misma), supone una continua restructuración institucional, una continua reconfiguración de la estructura del poder (económico y político, por ejemplo), una mayor participación democrática (de los jóvenes, de las mujeres, de los grupos étnicos –afrodescendientes e indígenas- mayor participación de los habitantes de las zonas secularmente excluidas). Lo otro, es considerar cómo se hace presencia del Estado más allá de lo militar y de unas cuantas beneficencias ocasionales en los territorios periféricos y olvidados, ello con el fin de ayudar a mitigar e ir reduciendo paulatinamente la inseguridad y la concomitante violencia, entre otros. 

Así las cosas, nadie se puede llamar a engaños acerca de un cambio positivo, considerable, efectivo y sostenible en el tiempo en la medida que unos grupos de poder afincados secular y/o crónicamente, va a modificar sustancialmente el rumbo que lleva el país. Frente a ello, se considera que la situación va a seguir siendo similar, solo que con diversos matices, en tal sentido Colombia seguirá siendo una tierra de pocas y desiguales oportunidades. Probablemente siga imperando el clientelismo, el amiguismo y el personalismo en la política, entre otros (ah, también el nepotismo). Claro, como no, cierto maridaje entre los grupos de mayor poder económico y los agentes del Estado, todo lo cual hace que la situación y condiciones sigan siendo similares. Se seguirán aplicando las mismas fórmulas ortodoxas, las que no llevan sino a más de lo mismo. Ante esto se destaca que el marasmo social y económico correspondiente tenderá a seguir repudiando a las clases políticas, tanto las de viejo cuño como las recién establecidas, y por lo tanto seguirá existiendo el caldo de cultivo para la prolongación del populismo, tan arraigado en estas tierras (se seguirá votando por uno que otro advenedizo, ajeno al establecimiento). Correlativamente, se va seguir prolongando no solo la atención de las necesidades más urgentes sino también las más relevantes de los segmentos más vulnerables de la población lo cual los mantiene en calidad de caldo de cultivo para el clientelismo (otra práctica definitoria de la “personalidad” del sistema político latinoamericano, en particular del colombiano: más tejas, bultos de cemento y  tamales para los más urgidos dentro de los urgidos, en vísperas de elecciones para corporaciones públicas). 

Por ahora, la conclusión es que no se considera que la sociedad colombiana cambie; por lo menos no antes de una generación (20 o 25 años). Seguirán los mismos con las mismas (con sus familiares, amigos y uno que otro testaferro); ah, y claro, los cínicos que no votaron contra la corrupción pero que la citan como el principal problema seguirán siendo una magnitud protuberante (tanto en nivel como en proporción). Solo discurso, de parte de los notables y de gran parte de la sociedad, cuyos miembros en últimas parecieran servir de calanchín a los agentes poderosos que abusan del poder, y, lo peor, que impiden un mayor y mejor nivel de desarrollo. Por ahora, las personas que de verdad hacen algo por que Colombia sea una sociedad mejor son una inmensa minoría (y menor aun su visibilidad); pero que las hay, las hay.  

Feliz 2022

CARACTERIZACIÓN TRABAJO INFANTIL Y JUVENIL EN BOGOTÁ, D.C

CARACTERIZACIÓN TRABAJO INFANTIL Y JUVENIL EN BOGOTÁ, D.C

Escrito por: 

Hermes Fernando Martínez

Carlos Javier Barbosa

El cuestionario que a continuación se especifica constituye una herramienta de recolección de información acerca de algunos aspectos del fenómeno de trabajo infantil y juvenil, aplicado a una muestra de menores de edad 2 en la Localidad de Tunjuelito de Bogotá D.C. De manera definida, se indica que la encuesta se denomina Encuesta de Caracterización del Trabajo Infantil y

Juvenil: localidad Tunjuelito.

Como tal, con la aplicación de esta herramienta se pretende aprehender las características más conspicuas del trabajo infantil y juvenil practicado abiertamente, para una muestra de menores trabajadores en lugares públicos de la localidad de Tunjuelito (tales como plazas de mercado y vías públicas) así como las percepciones que sobre el fenómeno tuvieron otros jóvenes menores

de edad a los que también se les aplicó la entrevista, que si bien no se hallaron laborando en el momento de la misma, se consideró que su información complementa la de los menores trabajadores.

Ante todo, se señala que una caracterización acerca del universo poblacional (i.e., población de 5-17 años que labora en sitios visibles o que la practican en recintos cerrados o de forma invisible) a nivel localidad supone la aplicación de herramientas de recolección de la mayor envergadura, tal como las que, de forma ocasional, se han aplicado desde el Estado. Al respecto, es conveniente

precisar que una aplicación de una herramienta equivalente rebasa los objetivos y el dominio definidos dentro de la investigación, en particular dentro de lo pretendido por esta encuesta.

En consonancia con lo anterior, se reitera, los resultados de la aplicación de la encuesta constituyen la materia prima para realizar una caracterización del trabajo infantil y juvenil en Tunjuelito, de conformidad con lo establecido en el tema de investigación adelantado por Hermes Martínez M. (Pedir más información por correo)

Vaya terapia, unas historias en las EPS esperadas; a atención de las EPS. Experiencias triviales para compartir.

Resumir un sistema que necesita a gritos una reforma estructural y de forma integral es imposible, pero en este documento hemos intentado incluir algunos de los casos más cercanos para nosotros, personalmente hay dos: cuando regresé del PHD en Roma, salía en el sistema de salud inhabilitado y por lo cual no podía contratar, fueron dos mes y solo con la ayuda de la SuperSalud, logré poder trabajar. La otra que recuerdo aun con más angustia fue pasar por 4 días durmiendo en le piso de hospital, hasta que por un medico que escucho las lagrimas de mi madre, me hizo los exámenes y me sacaron del piso y para mi casa pues era una gastritis, tocó comprar las pastilla. Si estamos teniendo solidaridad en el sistema? no creo que esto sea. Este sentido apoyamos el proyecto de ley que apoya el Partido Liberal (Senador:Edinson Delgado Ruiz) en se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Todo las criticas, sugerencia y casos se pueden consignar en este blog.     

Escrito por: 

Hermes Fernando Martínez

Carlos Javier Barbosa

En reciente elucubración en este espacio acerca de los medios de comunicación, se reseñó que los únicos noticieros de la TV pública con cobertura nacional, tenían un esquema relativamente invariable de temas todo lo cual permite entrever no sólo un arreglo rutinario en cuanto al desarrollo de la presentación, sino también ante los contenidos particulares de cada noticia. Un caso bien ilustrativo lo constituye la atención de las EPS, tema planteado casi que a diario en los noticieros.

Aunque se pueda considerar que la percepción de la pésima atención de las EPS es moneda corriente, habida cuenta de la continua relación de malas noticias que salen en los noticieros, así como la experiencia diaria que con suerte o sin ella afrontamos cada vez que tenemos que acercarnos al profesional de salud, valdría la pena compartir en este espacio acerca de dos casos de atención de clientes promedio del sistema. Evidentemente, reseñamos el caso de dos personas que si bien no han puesto a prueba al sistema para un evento crítico (en términos de solicitar algún tipo de intervención de alta complejidad), y que por lo mismo tampoco cuentan con evidencias de uso atípico o al menos extraordinario, cuentan con alguna opinión fundamentada en la experiencia, vivencia que da una idea de cómo es el trato al usuario promedio. Al respecto, lo que se percibe es que la atención de salud constituye una verdadera terapia, sobremanera a las personas que presentan mayor necesidad de atención.

En principio, como usuario de los servicios de aseguramiento en salud, se considera que la labor cumplida por las EPS debería ser valorada en primera persona, en lo posible de forma objetiva, distanciada; sin embargo, este tipo de empresas se vuelven una tarea bastante difícil máxime cuando como usuarios hemos arraigado con algo de fundamento un prejuicio contra el sistema, aprensión que día a día alimentamos ante cualquier asomo de desliz. En una palabra, nos acostumbramos a ver solamente la parte vacía del vaso servicial de las EPS. Empero, lo anterior no puede constituirse en una auto-censura para compartir las experiencias que las personas han tenido con el sistema.

Es claro, nadie en sus cinco sentidos negará los beneficios de tener un seguro que CUMPLA, que sea SEGURO, que responda ante la aparición eventual de enfermedad, o peor, de un accidente o enfermedad catastrófica. Es igualmente beneficioso para la sociedad que sus miembros estén asegurados en salud, en parte por poderse permitir una mayor productividad, en parte por poder reducir eventuales costos asistencialistas. Aunque es evidentemente beneficioso, existen casos en los cuales la percepción no concuerda con los hechos, es decir, cuando algunos miembros de la sociedad por la razón que sea no tienen cobertura de seguridad en salud. Más aún, por el hecho de que algunas personas que teniendo los medios para acceder al seguro no lo hacen (y sabiendo “en términos intelectuales” el riesgo que corren por no cubrirse), se hizo corriente instaurar como medida obligatoria para el asalariado su afiliación a seguridad en salud. (En realidad, el Estado paternalista obliga a que los ocupados de las empresas legalizadas tengan cobertura en salud –y en los debidos casos, en riesgos profesionales. De otro modo, es posible que muchos ocupados no actúen de modo racional en el sentido de que podrían no afiliarse a salud, y lo que es peor dejar por fuera del seguro a su círculo familiar).       

Al margen de los comentarios recién señalados, se considera que el problema de la seguridad en salud mayoritariamente se compone por problemas de acceso, es decir, por el costo del aseguramiento en salud, toda vez que la salud hay que pagarla. En dicho sentido, poder instaurar un esquema de salud implica el concurso del sector privado y del Estado. Por caso, no sólo se requiere la tecnología financiera para instaurar el esquema de seguros como tal, sino que la atención que hace efectivo el uso de este instrumento también demanda gran cantidad y diversidad de recursos. En concreto, la formación de capital humano en este rubro no es gratuita, requiere preparación académica, muchas prácticas, toma bastante tiempo (además de demandar buena dosis de vocación). Igualmente, exige instalaciones adecuadas de atención, equipos de gran complejidad, una gran logística, gran coordinación y grandes recursos en fármacos. El Estado por su parte también tiene que actuar mediante varios tipos de intervención: planeación, regulación, inspección, vigilancia, control, así como garantizar el cumplimiento de la ley. En suma, grandes inversiones de capital humano, capital económico y capital social son requeridas para la atención de los servicios de salud. En una palabra: la salud es un derecho que cuesta plata, que demanda una infraestructura humana, técnica, social y organizacional de gran calado.  

Conscientes de la complejidad del tema de la seguridad en salud, las opiniones compartidas en este espacio se reducen a contar algunas percepciones muy sencillas, que procuran dar cuenta del desgaste que padecen los usuarios (posiblemente padecido también por los médicos y el resto del personal implicado, esto es, por los proveedores directos).

De forma preliminar, el traguito de la atención en salud o mejor del paquete de la seguridad social (salud y pensiones) puede empezar justo antes de solicitar cualquier servicio tangible de salud, por ejemplo. Uno de los casos mencionados señala que la comunicación telefónica –de servicio al cliente- con uno de los operadores, presumiblemente de los que ayudan a recaudar, certificar y elaborar las planillas, etc., es prácticamente un imposible: han mantenido a la persona de marras, por reloj, más de 45 minutos ininterrumpidos ante una monótona grabación, con musiquita de fondo y todo. Claro, puede uno colgar, pero de nuevo: a esperar muchos minutos ininterrumpidamente (¡Vaya terapia!). Como corolario de la situación, la máquina cuenta con un mensaje cínico que sugiere dejar el número telefónico para que ellos con su gran sentido de atención al cliente, devuelvan la llamada. De todas maneras se subraya: lo de la espera no sólo fue cuestión de un episodio; lo ha sido en tres ocasiones, que para infortunio del usuario le ha tocado comunicarse con dicho operador ese mismo número de veces. Podríamos decir que esa es la inauguración de muchos de los usuarios que entran al sistema (sea por primera vez o porque están de vuelta). En teoría, eso es lo que nos dicen cuando por nuestro bien los “expertos” instauran este tipo de esquemas; la cartilla nos dice que el operador debería atender el mayor número de llamadas, pero por cualquier cosa que el usuario desconoce la situación no es esa. Parecería que atienden diariamente como máximo 10 usuarios. ¿Quién responde por esta ineficacia/ ineficiencia? Es claro, el operador de marras no hace el servicio gratis, alguien debe pagar; ese alguien es el usuario. ¿Quién lo defiende? Entiéndase, el usuario está pagando, no es un servicio regalado. Por otro lado, el tiempo del usuario también cuesta: ¡”Señor” Legislador nuestro tiempo como usuarios también cuenta!     

Por otro lado, una vez utilizado el servicio tangible de salud por consulta rutinaria, la percepción inmediata del usuario de la atención es que las IPS (ejecutoras directas del servicio de salud) atienden a  escala industrial, y no dan abasto para atender tanto paciente (¿contribuyente?) en las consultas médicas. La impresión (claramente subjetiva) es que no acaba uno de llegar cuando, tras una breve sentada y el concomitante monólogo, ya está siendo despedido. En últimas, si el paciente no lleva muy claro qué es lo que tiene, qué le duele, qué no de duele, cómo le duele y/o bajo qué condiciones le duele o aparece un síntoma, “se fregó”: ¡hay que atender; hay gente esperando! … es el negocio. (Así, si el paciente no se sabe expresar, se le olvidan las cosas, se pone nervioso o cualquier otra cuestión que interfiera en su parlamento acerca de los síntomas, de nuevo: “se fregó”. Al respecto, es posible que sea necesaria una concienciación y/o una educación de nosotros como pacientes, ello en aras de que el sistema funcione más eficazmente. Como sugerencia se considera que las EPS podrían ayudar decisivamente).

Relacionado con el tema de las citas, queda el paciente o uno con la impresión de que el médico tiene que despachar rápidamente a los usuarios, y por la misma percepción de que el paciente o uno es diagnosticado a las carreras. Peor aún, el sentimiento se confirma cuando lo prescrito se reduce a Ibuprofeno o Acetaminofén. En el caso de las opiniones consultadas, las personas que van al médico por algo serio y no por un simple/esporádico estornudo, se considera que uno tampoco esperaría que le recetaran Ibuprofeno (“todo el mundo da por sentado” que para el dolor está establecido el Acetaminofén o Ibuprofeno. Uno no va a que solo le alivien el síntoma). Si bien se subraya que para mejorar el servicio es indispensable el concurso del paciente (mayor cultura en la calidad de uso del servicio ayudaría), aún queda por verse como el Legislativo resuelve el esquema para que se atienda de modo más eficaz al paciente (y no en términos de la eficacia actual entendida como el simple número de pacientes atendidos, con o sin Ibuprofeno; con monologo o sin monologo, etc., sino también en términos de calidad y por supuesto, de efectividad).

Podríamos decir que dicha situación hasta cierto punto es manejable, ¿tolerable? Empero, la cuestión adquiere carácter crítico con el tema de la asignación de citas para procedimientos de complejidad superior a las del medicina general o de las valoraciones del especialista. Para empezar, las citas especializadas se asignan con una diferencia muy protuberante: mayor a un mes, aunque en gran cantidad supera los dos meses. Aquí el paciente desconoce el motivo de tanta demora. Considera subjetivamente que existe una fila de espera razón por la cual no puede ser asignado más “tempranamente”. Sin embargo, se desconoce si las IPS tienen o deben hacer públicas las listas de asignación de pacientes y citas, ello con el fin de que el paciente cuente con mayor información acerca del servicio, y para que se pueda hacer una imagen más cabal acerca de lo que puede y de lo que no puede esperar en términos de agilidad en el servicio. En consideración de lo que aquí se expone se cree que discutir la posibilidad de que se hagan públicas este tipo de citas y asignaciones –en las intervenciones de cierto grado de complejidad en adelante- contribuiría a informar y ejercer un mejor control sobre el servicio.

Por otro lado, ¿qué haría un paciente que adolece de presión arterial alta si después de estar necesitando una atención con un grado bastante significativo de urgencia, llegado el día de la atención, por caso, una atención dental, el profesional de turno le negara el servicio por el hecho de no haber tomado la pasta para la tensión, aduciendo riesgos rebuscados? ¿Antaño morían los pacientes de odontología por presión arterial en la silla del odontólogo? ¿Hasta allá ha llegado el esquema de seguros para prevenirse de cualquier cosa? ¿Y qué de los que mienten en este caso y en los más de los casos? ¿Acaso no termina con una mayor presión arterial un paciente cuyo servicio requerido con urgencia es negado? ¿En este caso existe alguna cantidad finita de Captopriles que sirva de algo? ¿Suma puntos a un profesional con su IPS o EPS negar la atención a un paciente?

Pese a lo anterior, la situación no termina ahí. La terapia procedimental del esquema de atención continua cuando uno se acerca a la ventanilla a solicitar nueva asignación de cita. “Si señor. ¿Cómo no? Déjeme ver… La más cercana es dentro de casi tres meses”. ¡Dentro de casi tres meses para la misma intervención! Claro, si la cosa no ha empeorado. Es un hecho, al personal de la IPS le tiene sin cuidado; posiblemente ya están curtidos en este tipo de artes. Pero, al usuario, que eso si tiene que apoquinar mensualmente, so pena de tener que pagar intereses de mora, ¿quién le responde? ¿El seguro? ¿Cuál seguro? ¿El de tener que pagar? Un seguro debe responder seguro, de forma segura; de resto no es seguro, es inseguro (¿Pagar por un inseguro?). ¿La plata de este tipo de pacientes adónde está yendo? Claro, saldrá el vocero del gremio, pues para eso le pagan, a recitar una gran cantidad de tautologías, a esgrimir razones escolásticas de rutina, previamente preparadas y continuamente refinadas por el pool de abogados (que para eso están), ello con el fin de hacerles claridad a los torpes pacientes que no logran entender que esa es la naturaleza del servicio. (Dando a entender algo así como: “Si quieren más paguen más”).

En fin, en este tipo de absurdos ¿quién responde? Claro, este caso no es nada en comparación con un incontable número de eventos, de lejos mucho más trágicos y más dramáticos.

Los notables que cuentan con el poder, la plata y el respaldo del Estado para contratar aquí o en el extranjero a expertos de verdad para que formulen soluciones creíbles, efectivas de reforma a este esquema, deben mantenerse perseverantes en esta empresa de mejoramiento continuo de atención al usuario. (¡Algo así como un Kaizen a la colombiana). Sin embargo, no elucubremos demasiado. La realidad nos golpea continuamente, pues es evidente que la plata del usuario de a pie no vale. La del notable y la de sus familiares, amigos y protegidos si vale. Así, mientras la plata del notable sea la única que vale ¿Qué le va interesar adentrarse del problema? Le tienen sin cuidado los dramas de las personas que pagando en el régimen contributivo con el mismo tipo de billetes, reciban una atención que no es digna ni siquiera en un sistema asistencial. Para un notable los pacientes valen en tanto representen votos; de resto no. 

 

Los medios de comunicación, la formación de ciudadanía y la audiencia del hogar

-¿[Hasta] cuándo más los capítulos repetidos ad nauseam del “Chavo del Ocho” o los “Cuentos de los Hermanos Grimm” para los niños de más bajos estratos?

11 de agosto de 2017

Escrito por: 

Hermes Fernando Martínez

Carlos Javier Barbosa

Aunque la temática habitual de los noticieros de TV en Colombia es bastante monótona, los noticieros se erigen como los programas de mayor rating. Más aún, no sólo adolecen de una limitada temática sino, lo que es verdaderamente grave, padecen una pobreza en cuanto al tratamiento –crítico- que se les da a los contenidos. En este caso, y en un sentido más amplio, las personas que no tienen un servicio alternativo de TV están obligadas a consumir el bodrio de la oferta nacional, toda vez que no cuentan con una opción distinta a la de tener que ver la flamante programación de “nuestras” cadenas nacionales, incluidos los programas dominicales de tratamiento amarillista, los de torpe y mediocre humor, los de “debate” u opinión tendenciosa -con los mismos expertos, los mismos comentadores y los mismos moderadores, ah, y las mismas conclusiones-, los de chisme farandulero grotesco, las series matinales sabatinas -¿hasta cuándo más los capítulos repetidos ad nauseam del “Chavo del Ocho” o los “Cuentos de los Hermanos Grimm” para los niños de más bajos estratos?-, enlatados refritos, malas copias de realities y un largo etcétera. Con una oferta como esa ¿tiene algo que decir la ANTV? ¿Quién puede ayudar al contribuyente con esta clase de servicio público? ¿Dónde están los que marchan por asuntos tan abstractos y vagos, contra molinos de viento, materializados en arengas, silbatinas, pancartas y una que otra soflama contra “la corrupción, la desigualdad, la voracidad financiera, la pobreza y la violencia”, para que les den una mano a los televidentes que no tienen alternativas?

Evidentemente, en los noticieros la liturgia diaria es la misma: cada emisión abre con las noticias calentitas acerca de fechorías cometidas por malandrines de baja estofa, acto seguido viene uno que otro show de la justicia en tópicos de la –gaseosa pero maloliente- corrupción y uno que otro escándalo que demande justicia “inmediata y ejemplar”, se continua con el tema de la pésima atención de las EPS, se sigue con las noticias relacionadas con tal o cual tema en el Congreso –máxime si se trata de algún proyecto populista e irresponsable como la propuesta embaucadora de reducción de cotización en salud a los pocos pensionados, cuyas pensiones más altas pobres y no pobres deben subvencionar-, algún tumbe a brillantes y “curtidos” (¿incautos?) inversionistas, la estridente alharaca del fútbol (al parecer para los noticieros sólo el futbol es deporte)… con algo de suerte se cierra con algún chisme conspicuo acerca del Jet Set internacional, pero si no, con alguna intrascendencia de la farándula vernácula. En fin, los noticieros venden, sea por que el televidente no cuenta con alternativas de información o entretenimiento, tal cual es presumiblemente el caso de los que no cuentan con recursos para sufragar servicios adicionales a la TV pública, o bien porque las personas que teniendo alternativas no pueden dejar este hábito tan “saludable”. Con la radio comercial la oferta informativa y de entretenimiento la situación no es mejor.

En plata blanca, la cantinela de que “la audiencia tiene el derecho a estar informada” es paja, premisa que aunque cuente con granos de verdad no deja de ser una proposición insultantemente falsa; los medios lo saben. Un derecho es derecho en tanto se hace efectivo, el resto, hasta que no se pruebe lo contrario, es mito; sólo el uso efectivo le da estatus de derecho parcialmente real, creíble. Detrás del derecho a estar informado hay muchos supuestos, tales como que las personas son observadores críticos y que cuentan con suficiente texto y contexto para hacerse una idea plausible de la situación. Los medios más que nadie saben que una noticia se convierte en información útil cuando el cúmulo de datos se puede criticar con criterio –valga el pleonasmo-, cuando existe una institucionalidad que además de estimular la participación permita la acción ciudadana efectiva.

¿De qué sirve, por caso, saber que un magistrado o juez es corrupto, si el ciudadano “informado” no puede hacer nada? ¿Salir a “castigar con su voto”? ¿Votar por los delfines adecuadamente distribuidos dentro del portafolio partidista? ¿Votar en blanco? ¿Proponerse uno en calidad de advenedizo sin maquinaria pese a contar con el apoyo de algún equipo honesto con buenas ideas? ¿Votar por algún “independiente” aguas tibias que termine apoyando los segmentos políticos más tradicionales? Ante esta situación un ciudadano que procure la honestidad señalaría que, con excepción de uno que otro romántico o ingenuo, tanto los que han estudiado, como los que saben y practican la política tienen muy claro que sin carrera política, sin conexiones, sin tradición, sin padrinos políticos, sin plata (sin abundante plata), sin cámaras ni reflectores, sin los ecos celestiales subliminales de los medios y sin el favor decisivo del establecimiento nada se puede hacer, máxime en una sociedad tan tradicionalista, ensimismada y reacia al cambio como la nuestra. (En relación con nuestro carácter ensimismado, el presidente Alfonso López M. se refirió en algún momento sarcásticamente a Colombia con el mote del “Tibet suramericano”. Cualquier aclaración sobra.)       

Por otro lado, la situación con nuestra actitud ante las noticias da la impresión de una indolencia e indiferencia generalizada que hace que los telediarios se vean más con el fin de pasar el tiempo y obtener diversión gratuita, que con el objetivo de informarnos y/o formarnos continuamente o, idealmente, poder ejercer algún tipo de control social sobre lo que pasa. Por el contrario, cosas que en otra parte causan indignación y estupor aquí son naturalizadas. Se reitera, a juzgar por los resultados, el televidente típico es desesperanzadamente a-crítico, tanto el espectador con nivel de enseñanza superior como el que no. Para el colombiano promedio que no se inmuta, al parecer es natural que los pillos se salgan con la suya, ante todo los del “cuello más blanco”, a lo cual alguien podría añadir “los más decentes”, algunos de los cuales se presentan cínicamente como “enemigos acérrimos” de la corrupción y no contentos se despachan pontificando que el problema es de “unas cuantas manzanas podridas”. Igual, para el colombiano promedio que no tiene la mas remota idea de cómo es el tejemaneje al interior del Estado, no es ninguna noticia que en una cantidad perceptible de casos los jueces y grandes magistrados en su infinita sabiduría absuelvan, cierren o declaren prescritos casos de la alta delincuencia (la misma que saquea abierta o soterradamente, de forma simple o embrollada, y de modo continuo o esporádico Nuestro tesoro público, representado por el pago diario que sufraga el contribuyente en las cajas registradoras cada vez que adquiere un bien o un servicio o cuando paga algún otro tipo de impuesto). Al parecer, la estridente proclama en las encuestas de que lo más importante es nuestro bolsillo no se compadece con nuestra actitud ante el robo y mal uso de los impuestos que pagamos en nuestras cuentas, cantidades que de forma sardónica aparecen nítidamente discriminadas en los recibos.

Nuestra actitud ante los problemas cotidianos ha tomado matices surrealistas: para el apático de a pie al parecer es natural/indiferente que los niños de los dominios geográficos de mayor atraso social donde el amo y señor es un gran cacique político, sufran desnutrición aguda y crónica; es más, para agravar la pesadilla, se están volviendo naturales los paseos de la muerte (¡!). En un país apremiado por la escases de infraestructura, al “mayor de edad” promedio no lo desvela la terminación de la famosa obra de infraestructura llamada La Línea, construcción que como muchas otras nos quedo grande, hecho que por demás no conmociona los medios, adalides y guardianes par excellence de nuestro “derecho a estar informados”. Dentro de la miríada de ejemplos que se pueden seguir exponiendo, también es natural que las empresas de telefonía móvil hagan timos si los usuarios no “andan mosca” o si no se pellizcan a reclamar una vez ha sido descubierta la picardía, etc. Una frase que sintetiza nuestra indolencia y al parecer valida nuestra actitud: “¡Quién lo manda dar Papaya!”.

En suma, la nuestra es una sociedad donde predomina la máxima de la Ley de Gresham en la cual “la moneda mala desplaza la buena”; donde es mejor pagar la coima que tener que esperar el turno en un trámite ordinario o extraordinario; donde la situación ha llegado al punto en que resulta mórbidamente racional utilizar el atajo. Es una sociedad donde cuestiones morales sencillas y diáfanas se cuestionan absurdamente. Para la muestra un botón: hace unos meses algunos noticieros radiales se escandalizaron y “llamaron al debate” a la opinión ante el hecho de que en otra parte del mundo una profesora de enseñanza básica puso mala calificación a un alumno que habiendo respondido acertadamente una pregunta, [éste] no supo justificarla. ¡Los medios cuestionando el acierto de la Maestra! ¡Abrase visto! Se acentúa, los mismos medios que pregonan el derecho a “estar informado” son los mismísimos que se escandalizan ante este hecho. “El que tiene oídos que oiga”.

En cualquier caso, la reflexión recién expuesta tiene como objetivo cuestionar el papel de los medios en tanto oferentes del servicio público de difusión de entretenimiento e información, y, por derivación, llamar la atención sobre los efectos reales que tienen en la formación de los miembros del hogar. Es necesario que nuestra inconformidad no se quede en palabras o en un silencio irascible; es más, es un deber exigir por elementos que ayuden a estructurar, consolidar y progresar la construcción de ciudadanía, para lo cual es imperativo que la opinión pública representada en primera persona realice lo que esté a su alcance por vigilar, criticar y de ser el caso adoptar una actitud propositiva en aras de que el Estado haga lo que en teoría tiene que hacer y es velar por la calidad del servicio que ofrecen los medios nacionales, máxime cuando en una gran proporción de hogares la educación de los menores de edad está implicada. Igualmente es mandatorio que se tenga conciencia de que los medios no son simplemente empresas lucrativas sino que ante todo, dado que entran a nuestros hogares, el Estado vele porque ayuden a construir ciudadanía, por la promoción del control social, por la ampliación y mejoramiento de la participación democrática, y porque no que terminen ofreciendo un producto que mal educa, mal-forma, deforma, no informa o desinforma al colombiano, ante todo a los menores de edad, y a las personas que por cuestiones de la vida no han podido contar con un nivel razonable de formación tal que les permita asumir actitudes críticas o contar con herramientas que les faculte discernir lo que está pasando o lo que se les ofrece. Ahora, cuando el consumidor paga por el servicio “vaya y venga”, es decir, cuando tiene alternativas, pero cuando no tiene más opción la cuestión de los efectos de los medios en la educación dentro de nuestros hogares es crucial, decisiva.  (Si las “cosas no son así, i.e., si el Estado no ayuda a poner en cintura la calidad del producto que está llegando a los hogares, apague y vámonos”).