La promoción de la incompetencia y de la injusticia distributiva: el mundo al revés

“[…] los miembros del legislativo que creen que las empresas son competitivas subsidiándoles su ejercicio, es decir haciéndoles su tarea, se equivocan de cabo a rabo, porque lo que terminan estimulando es un ‘empresarismo’ espurio, insostenible”. 

Por Carlos J. Barbosa

La reflexión que constituye el motivo de la presente opinión, se deriva de una noticia que se volvió titular y que alcanzó a tomar matices de escándalo. Evidentemente, se trata de la multa que estableció la Superintendencia de Industria y Comercio al gremio azucarero por “obstrucción a importaciones”. En principio, este hecho constituye el simple ejercicio del trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio.  Si bien hechos de esta naturaleza nos parecen ajenos cuando no distantes a los ciudadanos de a pie, nos incumben a todos, y nos conciernen toda vez que hacemos parte de esa “cosa” “abstracta” llamada Estado. Por ejemplo, ¿no le interesa al lector el Estado cuando le “meten la mano al bolsillo y le sacan” lo del I.V.A. en la caja del supermercado? ¿Cuándo le restan de su saldo el cuatro por mil en el cajero automático? Igual, las leyes que se hacen en el Congreso como la flexibilización laboral ¿no le afectan?

En particular, la decisión tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio resulta muy ilustrativa acerca de cómo funciona una parte del establecimiento, y del porque los ciudadanos colombianos debemos implicarnos no solo para velar por nuestros intereses individuales sino también por el interés general, funcional a una sana y enriquecedora convivencia. Grosso modo, la multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de su misión institucional, se impuso en respuesta a unas prácticas contrarias al bien común, según las cuales las empresas armaron un cartel para evitar lo que debería ser inevitable, i.e., la competencia, todo lo cual redundó en daño al bien común, por cuanto afectó a todos los consumidores en la medida que, por ejemplo, redujo su portafolio de elección (en términos de precios y calidad), en especial a los de menores ingresos por cuanto sufragan una proporción mayor de su ingreso en azúcar. Por su parte, las empresas afectadas por la multa protestaron, ante todo por la cuantía: $320.000 millones. Al margen del monto de la multa, lo que se discute aquí no es la cuantía de la multa, sino la actitud y el ejercicio de una parte del Estado, que en teoría debe procurar por el bienestar general.

Aunque se considera que esto es un problema de derecho, en el cual si las empresas sienten extralimitación del Estado a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, el caso debería ser llevado a los tribunales apropiados y ser dirimido en dichos espacios. Pero no. La cuestión que se resalta aquí y que constituye la esencia de la reflexión es que en su ejercicio consuetudinario una parte del establecimiento (en particular del legislativo), salió de modo precipitado a controvertir la medida todo lo cual envió a la sociedad señales contradictorias, amén de dar la impresión que hacemos parte de un Estado bicéfalo. En lugar de defender el consumidor colombiano, que debería tener acceso a mayor oferta y menores precios, salió a defender a los empresarios (que, según la Superintendencia de Industria y Comercio, se asociaron para evitar la competencia; esto es, se organizaron para capturar el mercado nacional y así mantener artificialmente mayores precios, y mayores rentas, todo a costas de los consumidores). Ante esto, surge una pregunta inevitable: si esto no es daño al bien común, entonces ¿qué es?

A lo anterior, se añade la inquietud de con qué criterios los legisladores practican su ejercicio, si en beneficio de un segmento de la población constituida por unos “empresarios” y, según se dice, de “sus” trabajadores, contra todos los consumidores, mediante una redistribución de recursos de los últimos hacia los primeros. El mundo al revés. No solo se le cargan impuestos sino que éstos se usan para hacerle daño al contribuyente (y al no contribuyente) en beneficio, y de manera injusta, de un segmento poblacional. En este caso ¿la población no está subsidiando tanto el empleo como las ganancias de los “empresarios” privados? ¿Dónde está el Estado colombiano según el cual éste está diseñado para “...servir a la comunidad, [y] promover la prosperidad general…” (Constitución Política, artículo 2)? ¿Está el Estado para subsidiar el empleo de un segmento de los trabajadores? Acaso, con este accionar ¿no se promueve la incompetencia de los “empresarios”, todo en nombre del empleo dentro de un segmento productivo incompetente? ¿Acaso una parte del legislativo está respondiendo de forma abierta a una clientela conformada por “empresarios”? ¿En manos de quienes estamos?

Se considera que el legislativo debería preocuparse por promover la competencia y la competitividad que, en últimas, aseguran un empleo estable y sostenible. Por ejemplo, preocuparse por estimular una educación pertinente y de calidad, que se refleje en unos puntajes decentes en las pruebas PISA. Sin embargo, sobre este hecho se subraya que los miembros del legislativo que creen que las empresas son competitivas subsidiándoles su ejercicio, es decir haciéndoles su tarea, se equivocan de cabo a rabo, porque lo que terminan estimulando es un empresarismo espurio, insostenible. Además, los legisladores en sus sabias decisiones deben saber que este tipo de intervenciones terminan afectando y distorsionando otros aspectos socioeconómicos, entre ellos el alto precio o el indebido uso de la tierra que se mantiene en las unidades productivas cuyos beneficios se obtienen artificialmente.

Con todo, los ciudadanos deberíamos estar más atentos acerca de cuáles son los “padres de la patria” que atentan contra nuestros intereses, posiblemente en beneficio de una determinada clientela, o por ganarse unos cuantos “coros celestiales” de potenciales electores. Como dicen en España, “hay que andarse con mucho ojo”, tenerlos en cuenta, y en lo posible publicitarlos en las redes sociales. De momento, es lo único con lo que contamos los ciudadanos de a pie, que poco contamos para ellos salvo en época de elecciones, al son de unas tonadas populistas y, en el mejor de los casos, de un pedazo de lechona.