Queremos vivir de la globalización pero difícilmente hacemos algo por hacer parte de ella

Si somos muy débiles en el sentido de no poder ofrecer productos valiosos (y demandables) en el mercado internacional en tanto que no podemos dejar de demandar productos extranjeros que consideramos necesarios, los términos de intercambio necesariamente reflejaran esta condición vía tasas de cambio muy altas.

Por Carlos J. Barbosa

La caída del precio internacional del petróleo ha puesto al descubierto muchas debilidades de la economía doméstica, batacazo que se ha reflejado en el gran incremento de la tasa de cambio, y en otros efectos relacionados con dicha subida. Por ejemplo, son de sobra conocidas algunas consecuencias que se han cristalizado en incrementos de los precios de los bienes/servicios importados, en particular de las materias primas foráneas; su incidencia en el incremento de la tasa de inflación así como el incremento de las tasas de interés, instaurado precisamente para ayudar a contener la concomitante presión inflacionaria. (Todo lo anterior sin contar con los resultados que está provocando el efecto del Niño en la producción agrícola -alimentos y algunas materias primas-, y en la energética, efectos que por añadidura inciden en la tasa de inflación.) 

Es decir, la caída abrupta del precio del petróleo automáticamente nos ha puesto en aprietos, y lo peor, nos ha tomado “por sorpresa”. En realidad, si bien se entiende el infortunio que constituye dicha caída en los ingresos, sobre todo para el Estado, así como su efecto sobre la tasa de cambio, se entiende menos la “sorpresa” expresada por una gran parte de los agentes económicos, en el sentido de que los apuros que estamos experimentando se deben a choques externos, que lo son, pero que en algún momento era previsible su emergencia. En realidad, la bonanza de los altos ingresos por cuenta de los hidrocarburos se debió más a la generosidad de la Divina Providencia, que mantuvo las cotizaciones tan altas durante tanto tiempo, que a virtudes propias de nuestro sistema económico.

En este espacio se considera que lo que está ocurriendo es simplemente una corrección de la tasa de cambio, ajuste que está más en consonancia con lo que nuestro aparato económico puede respaldar, que sobre desvaríos transitorios del mercado: si somos muy débiles en el sentido de no poder ofrecer productos valiosos (y demandables) en el mercado internacional en tanto que no podemos dejar de demandar productos extranjeros que consideramos necesarios, los términos de intercambio necesariamente reflejaran esta condición vía tasas de cambio muy altas.

Aparte de las tres consecuencias más visibles, inicialmente señaladas, que han resultado del cambio de precios, hay otros efectos que vale la pena reseñar, con el fin de tener una idea de la dimensión del choque de marras. De un lado, al ser una fuente muy importante para las finanzas del Estado, la reducción de ingresos por cuenta de la caída del precio internacional del petróleo también incide negativamente en el tesoro público, y por extensión en la financiación de los programas y demás tipos de atención del Estado que se ayudan o se financian con estos recursos, lo que se traduce en menos gasto para programas o proyectos nacionales así como en una reducción de los ingresos destinados a los entes territoriales beneficiarios de regalías. De otro lado, hay que tener en cuenta que el incremento de la tasa de cambio también aumenta, en pesos, el volumen de la deuda externa que tanto sector público como privado han de honrar, lo cual, dicho sea de paso, reduce aun más la cuantía de los recursos públicos que se han de disponer para financiar programas cruciales tanto en el sector social y en la infraestructura, como también los recursos del sector privado que bien puede orientar a consumo, ahorro o inversión, por ejemplo.

Al margen del intrincado panorama macroeconómico que ya se está experimentando, la discusión de fondo que tiene que establecerse y mantenerse corresponde a las acciones que debe tomar el Estado (no solo en cabeza del ejecutivo), y los diferentes sectores que conforman la sociedad colombiana, respecto a las acciones orientadas a promover la competitividad de los bienes/servicios que se realizan dentro del territorio colombiano. Se considera que si bien diagnósticos y sobre-diagnósticos acerca del tema pueden tener algún valor como ejercicio académico, por ejemplo, de poco sirven para enfrentar el problema real en tanto no se le dé la debida importancia a los factores que efectivamente inciden en la competitividad económica.

Por lo anterior, cualquier discusión que se plantee se debe concebir dentro del contexto del largo plazo. El resto es hacer más de lo mismo y, por lo mismo, cosechar más de lo mismo. Si bien desde el ejecutivo se pueda hacer muy buena política económica, con todo, no es un mago: el margen de maniobra de la política económica es harto limitado; sirve para ayudar a capotear algunos choques pero no sirve para generar riqueza (pues esto último es tarea fundamentalmente del sector privado.)

Para empezar, aunque se invoca el mantra según el cual la economía no debe depender del éxito de unos cuantos productos primarios (commodities), en la praxis no se hacemos mayor cosa por superar tal condición, dicho estadio de desarrollo. Por su parte, la planeación y, sobre todo, la instauración y ejecución de lo que llamaríamos las cosas serias, es un asunto marginal, toda vez que estamos consumidos en lo urgente: por ejemplo, levantando y orientando recursos para aplacar el paro cafetero, el paro de los “paperos”, de los lecheros… y, en general, de diversos gremios cuyas vicisitudes es necesario, así lo refleja la práctica, subsanar con recursos públicos.

Al margen de lo perniciosa que pueda ser esta práctica para el sano desarrollo de la economía de mercado, el país, es decir, el establecimiento (personas, gremios o estamentos que tienen incidencia real y significativa en la toma de decisiones), debe establecer una discusión y, sobre todo, una hoja de ruta acerca de las medidas o acciones concretas sobre los factores que tienen afectan la competitividad de la economía. Por ejemplo, de forma muy puntual, se deben establecer acciones concretas orientadas a estimular la productividad del factor trabajo. Se deben, entre otras, elevar los estándares de calificación escolar (superar nuestro limite según el cual se aprueba apenas con un 60% o 70%); estimular la meritocracia y la competencia (vrg., eliminación de subsidios a ciertos sectores productivos); mejorar el acceso y la prestación de bienes y servicios públicos (tales como la justicia de calidad –o de menos impunidad-). En adición, también se debe examinar si se modifica, desde el Estado, alguna parte de la arquitectura institucional tal como la existencia del sistema de compensación familiar o al menos revaluar su uso, pues debe considerarse que las cargas laborales que sufragan este impuesto pesan mucho más sobre las micro y pequeñas empresas, ante todo las menos productivas (que son las que, comparativamente, contratan más trabajado por unidad de capital). En dicho sentido, se debe revisar y promover el ajuste de la estructura institucional con el fin de que responda más armónicamente a los requerimientos de la continua evolución tecnológica así como sus efectos en la praxis económica y en la forma de vida.

Empero, lo que se plantea parece fácil. Es más, lo recién expresado parece un refrito, promulgado y escuchado una y otra vez, que raya en la ingenuidad. Cierto es. “El papel, los discursos y los propósitos de buenas intenciones” lo aguantan todo. Sin embargo, aquí se expresa un pesimismo moderado acerca de los cambios que se harán en un futuro cercano, y que son funcionales al desarrollo económico y humano del país. ¿Por qué? Porque el cambio en la práctica resulta harto difícil en vista de que son los mismos agentes de la sociedad, las mismísimas “fuerzas vivas de la sociedad”, las que tienen que cambiar, las que tendrían que renunciar a prerrogativas, a su visión cortoplacista, de supervivencia (dada su condición de estar respondiendo a la lógica de lo urgente), a sus actitudes cicateras; en fin, porque son las mismas “fuerzas vivas de la sociedad” las que tendrían que “darse la pela”.

Por contra, aquí se considera que no se la darán: en particular, las fuerzas vivas de la economía se ajustarán, eso sí, pero a “la brava” y en su “justa medida”; es decir, cuando el mercado y la tecnología así lo establezcan. En dicho sentido nos debemos hacer muchas ilusiones acerca de nuevas utopías competitivas, pues el sector privado responderá “cuando haya que responder” (i.e., cuando se vea obligado); el Estado, con gran certeza, continuará con su inercia secular, respondiendo al pulso que se da entre los diferentes gremios económicos y otros actores poderosos, bajo la salvedad de que se preserven sus prerrogativas y sus intereses no sean lesionados; el llano “pueblo”, por su parte, mientras mantenga su actitud pasiva en cuanto a la exigencia de ejercicio de sus derechos y no realice, cuando menos, un adecuado control social, contribuirá a dicha inercia institucional. En estas condiciones y con estas actitudes difícilmente se conquistaran nuevos mercados; por el contrario, continuaran las actitudes cicateras de la mayor parte del empresariado colombiano, para mantener su porción del mercado, fundamentalmente los “empresarios” que más pelechan del Estado, que son en esencia los que procuran mantener el mercado cautivo, los que evitan la competencia (con muchos pretextos, como su importancia por ser “generadores” de empleo).

En suma, todos intuimos lo que pasa. Difícilmente cambiaremos. Nos cuesta ser ambiciosos, pensar en conquistar mercados con bienes/servicios demandables, de alto valor agregado, que nos generen riqueza. No somos muy dados a la competencia, por lo menos no la mayoría, y menos aún el establecimiento. Queremos disfrutar de los bienes y servicios y demás beneficios que procura la globalización, pero participamos muy poco en calidad de oferentes para el resto del mundo, de ahí esta tasa de cambio tan terriblemente cara; de ahí, nuestra moneda débil.