viernes, 29 de abril de 2016

La modernización y nuestra arraigada actitud Procrustiana[1]


¿Por qué no ha logrado arraigar una actitud moderna en nuestra sociedad? …porque hemos recibido y reproducido una herencia y una tradición autoritaria, que no permite el cuestionamiento ni la argumentación y menos aún pedir la rendición de cuentas a nuestros superiores, gobernantes, maestros, señores o patrones.

Por Carlos Javier Barbosa C.

En la actualidad, la modernización de las sociedades no es una opción: es una imposición. Es un acto de supervivencia. Sociedad que no se moderniza continuamente corre el riesgo de ser marginada, de no poder integrarse al mercado global. La modernización hace parte de la racionalidad económica toda vez que se asocia con el aumento de la productividad, de la capacidad de competir, de ganar mercados o al menos de no perder los que se tienen. También, se asocia con el mejoramiento de las condiciones materiales, con un aumento de la utilidad de los bienes y de los servicios, es decir, se inscribe dentro de la ética del utilitarismo, sacro evangelio de la modernidad: lo útil como correspondiente de lo que vale la pena considerar; la utilidad como guía de mi accionar por oposición, vrg., a una supuesta conciencia abstracta que me indica qué es lo bueno y qué es lo malo. (Lo que se expone a continuación es una sucinta reflexión acerca de los modestos resultados del proceso de modernización y del por qué de sus fallas). 

Como tema, la denominada modernización es un asunto vigente, pertinente, toda vez que es un tema transversal que influye la generación de riqueza, la disminución de la pobreza y la retribución de los factores productivos. En Latinoamérica, y en Colombia en particular, los procesos de modernización no han mostrado los resultados tan positivos en materia económica que se han evidenciado en países de otras regiones del Globo, como en algunos del sudeste asiático (Taiwán y Singapur, por citar un ejemplo). Estos hechos han llevado a que se examinen una y otra vez las condiciones y situaciones que posibilitan una modernización exitosa. En unos casos se ha señalado hasta el tuétano que la parquedad de los resultados se debe a que la modernización se ha realizado sin modernidad; en otros, que la modernización se ha hecho a medias. En casos más extremos se ha manifestado que nuestro atraso es el resultado de una subordinación económica y tecnológica respecto a los países más avanzados, hecho que está materializado en una acentuada división internacional del trabajo: nosotros, los rezagados, exportamos materias primas y sombreros volteaos en tanto que ellos, los avanzados, nos venden bienes y servicios con un alto componente de valor agregado (i.e., la Teoría de la Dependencia).

El relativamente bajo valor agregado de nuestras exportaciones y el concomitante tipo de bienes y servicios que predomina en nuestro intercambio con el resto del mundo ha terminado exhibiendo la debilidad de nuestros términos de intercambio. Como es de dominio público, en el corto plazo reciente el precio del dólar experimentó un incremento abrupto por cuenta de la reducción de ingresos derivados de nuestras exportaciones (léase, una caída aguda de los ingresos petroleros). Empero, los medios de comunicación que tanto han subrayado este hecho rara vez han ofrecido una historia menos deficiente, más contextualizada y ¿por qué no? más pedagógica, acerca de las razones de fondo que han incidido en el repunte tan agudo de la tasa de cambio. Difícilmente narran que la mayor proporción del valor de las exportaciones colombianas (FOB-free on board) proviene de productos primarios: básicamente nuestro grueso de exportaciones ha estado constituido por este tipo de productos, los cuales han representado recientemente entre un 65% y un 83%  del valor total de las exportaciones: de ahí los vaivenes de la tasa de marras (datos 2005-2012, Anuario Estadístico CEPAL 2013). Así las cosas, el valor de nuestra tasa de cambio ha dependido preponderantemente de los términos de intercambio de los  frutos de la tierra, del suelo, y como tal ha estado sujeta a las vicisitudes propias del mercado de bienes primarios: nuestra tasa de cambio al garete. En una situación similar, nuestros vecinos más cercanos tampoco se han librado toda vez que han sido al menos tan dependientes de las “rentas del suelo” y de los “frutos de la naturaleza”,  como nosotros, todo lo cual nos ha afectado negativa y mutuamente habida cuenta de ser importantes socios comerciales.   

¿Por qué nuestro comercio externo depende tanto de los frutos de la tierra? ¿Por qué no exportamos valor agregado, producto de nuestra mente y nuestras manos? ¿Por qué los resultados de nuestros indicadores de desarrollo humano son lo qué son y no otros, es decir, mejores? Parte de la respuesta a estos interrogantes está relacionada con el grado de modernización y estructura del aparato productivo, las actitudes empresariales, y el grado y forma de la injerencia del Estado en la economía y en la vida de los ciudadanos. Para empezar, la modernización incide en el grado de eficiencia con que se producen bienes/servicios, y la estructura del aparato productivo define el tipo de competición que se práctica: a) competencia en el sentido tradicional (se compite contra productos similares-en calidad y/o precio-); b) competencia practicada sobre la base de producir nuevos productos y/o realización de los mismos bienes/servicios mediante nuevos procesos. Las actitudes empresariales, por su parte, reflejan la ambición de la burguesía local acerca de la conquista y/o consolidación de nuevos mercados. El grado y forma de injerencia del Estado hace referencia a las políticas de promoción del desarrollo del sistema productivo colombiano, al tratamiento del capital y del trabajo, medidas que en nuestro país se han realizado mediante la acción conjunta de varios ministerios, conspicuamente a través del Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Trabajo o los departamentos administrativos que han hecho sus veces.

En este espacio se considera que el debate sobre modernización y modernidad es un asunto sustantivo, no redundante, por cuanto se relaciona directamente con la eficiencia, con la actitud de las fuerzas vivas de la sociedad (empresarios, políticos y formadores de opinión), con las formas de intervención del Estado, y la organización de la sociedad, todo lo cual determina cardinalmente la generación y distribución de la riqueza así como el grado de convivencia pacífica/armónica de la sociedad.

En Colombia se nos ha dicho que los modestos resultados de la modernización económica (vrg., moderadas tasas de crecimiento económico) obedecen al hecho de que ésta se ha realizado sin el debido ajuste de la mentalidad y las actitudes de las elites, afín a un funcionamiento que privilegie el emprendimiento y la acumulación de capital, quehaceres burgueses por excelencia. Aunque poco a poco ha ido permeando la racionalidad técnico-instrumental en los agentes económicos, los valores de la racionalidad normativa aún no se logran consolidar, y en algunos casos instalar, en la mentalidad colombiana (por ejemplo, la tolerancia y el sacro respecto por los derechos fundamentales). Como resultado, la poca permeabilidad de la modernidad se ha reflejado en una profusa normatividad con poca observancia, en un clientelismo político y en un tratamiento irracional del medio ambiente, tan solo por citar casos bien conspicuos.  

La discusión sobre la modernidad es una tarea fundamental que exige de nuestra parte una actitud crítica, de valernos por nosotros mismos, de participar activamente en el planteamiento y solución de nuestros problemas. En suma, el tratamiento de la modernidad demanda asumir la actitud propia de un mayor de edad. De esto, la pregunta fundamental es: ¿por qué no ha logrado arraigar una actitud moderna en nuestra sociedad? La respuesta mil veces citada es: porque hemos recibido y reproducido una herencia y una tradición autoritaria, que no permite el cuestionamiento ni la argumentación y menos aún pedir la rendición de cuentas a nuestros superiores, gobernantes, maestros, señores o patrones. Correlativamente, tampoco nos gusta que nos cuestionen nuestros pares y menos aun nuestros subordinados. Como corolario de la actitud autoritaria de nuestra educación, tenemos arraigado el temor a contradecir, a participar (“el miedo a hacer el ridículo”), a dudar, a pensar, situación que ha derivado en que evidenciemos “… jactancia cultural… negligencia en las propias investigaciones,…fetichismo verbal, el quedarse en conocimientos parciales: [todo lo cual] ha impedido el feliz matrimonio del entendimiento humano con la naturaleza de las cosas…” (tan solo por citar unas palabras de T. Adorno en su Dialéctica de la Ilustración). En una palabra, la actitud moderna exige participación activa, no delegable, no negligente de parte de los ciudadanos.

Como resultado de nuestra indiferencia ante los valores modernos surge un problema grave en el terreno político que se materializa en el hecho que no existe cultura del accountability, i.e., del llamado a cuentas y de la rendición de las mismas. La inexistencia de dicha cultura ocasiona el surgimiento de diversos tipos de dificultades que se manifiestan en abusos de poder, corrupción y por extensión en una deslegitimación del sistema político, entre otros. En este tipo de sociedades, pobres y estancadas por demás,  florece el denominado clientelismo político en el cual un patrón, o persona de gran influencia, asiste o protege a un cliente a cambio de apoyo político. En realidad, este esquema de hacer política se constituye en un sistema de lealtades serviles que perpetua las relaciones de dependencia entre patrón y cliente, refuerza las actitudes autoritarias y, por extensión, el atraso socioeconómico de la sociedad.

De este modo, en las sociedades donde no existe la cultura del accountability, por ejemplo, se estimula la dependencia de unos segmentos poblacionales respecto a sectores minoritarios que concentran el poder en sus distintas formas (político, financiero, de conexiones, etc.), como también se suscita el atraso. También se presta para que los funcionarios y autoridades a cargo del manejo del Estado eludan o realicen deficientemente prestación de servicios básicos tales como la seguridad y la justicia. Como muestra del crónico atraso socioeconómico, representado, por ejemplo, en tasas muy discretas de crecimiento y de mejoramiento en la distribución del ingreso, se genera un terreno fértil para la oposición al régimen vigente que puede estar conformada por sectores descontentos de la burguesía, las fuerzas armadas y la iglesia (tan solo por citar una parte de las fuerzas vivas de la sociedad) y, por extensión, para la aparición de fenómenos conocidos como caudillismo y populismo, en los cuales la característica distintiva, valga el pleonasmo, es la ausencia de una respuesta institucional desde el Estado a los males sociales. En dicho caso, la respuesta-solución viene planteada de forma personalizada de la mano de un “hombre fuerte”, de un caudillo, que soluciona directamente y en tiempo real los problemas del ciudadano de a pie y pasa por alto los canales institucionales.

Lo anterior conlleva a la existencia de un Estado crónicamente débil, materializado en una enclenque institucionalidad, muy proclive a ser víctima del secuestro o privatización de los haberes “de todos” (patrimonio público) por parte unos grupos poderosos, a la secularización del atraso socioeconómico, de la desigualdad, del resentimiento, de la desesperanza. En este caso, se trata de una sociedad en la cual surgen los caudillismos (toda vez que nadie cree en la institucionalidad vigente), en la cual se estructuran grupos de individuos (“los poderosos” afines a los caudillos y con intereses muy propios) que pescan en rio revuelto, mediante el engaño a las masas ávidas de soluciones simples, rápidas, concretas y definitivas, ardid que se materializa en programas populistas, “armados a la ligera”. Así las cosas, el hecho de caer en descredito el ejercicio de la política, las acciones de los partidos, la credibilidad y efectividad de las instituciones del Estado, redunda en que no se consolide una institucionalidad funcional a un ejercicio sano de la democracia y que, por el contrario, los grupos más poderosos de la sociedad se estén reestructurando continuamente al margen de las instituciones democráticas, en la forma de apoyos a caudillos, a hombres fuertes, con el fin de no perder las prerrogativas, y con este hecho causar una inestabilidad política (tal cual se ha visto en algunos países latinoamericanos).  

Palabras más, palabras menos, en Colombia las actitudes autoritarias han sido un obstáculo para el ejercicio de una sana modernización, palmariamente por la inexistencia de una cultura del accountability (y en no pocos casos del enforcement). Ha derivado en prácticas deletéreas de la política, el secuestro y privatización del Estado por facciones minoritarias de la población, el arraigamiento del clientelismo, florecimiento del caudillismo y del populismo, debilitamiento de la institucionalidad afín al desarrollo de la democracia, descredito del servicio público, abuso del poder, corrupción, el estimulo de la cultura de la búsqueda de rentas, así como de un tratamiento irracional de los recursos naturales (toda vez lo que vale es la rentabilidad inmediata, concreta sin reparar en los costos futuros para la sociedad).  

Para no extendernos más en este espacio de reflexión, se indica que aunque se han evidenciado procesos de modernización económica en medio de ambientes autoritarios y con influencias muy fuertes de la tradición tal como lo exhibido en la modernización del Japón a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como lo atestiguado en Singapur y Corea del Sur a partir de la segunda mitad del siglo XX, la presencia del autoritarismo no se constituiría en un óbice para la modernización y los frutos de la productividad derivada de esta. A modo de explicación surgen consideraciones éticas, practicadas en dichos países, que se le atribuyen a las prácticas del confucianismo, a una marcada ética del trabajo, y a un respeto por la comunidad más que por la individualidad. En Colombia dicho autoritarismo no ha sido funcional, más bien ha sido deletéreo, pues no ha permitido la cultura de la rendición de cuentas, de la exigencia de responsabilidades, más bien ha fomentado la sinvergüencería en las diferentes capas de la sociedad, y nosotros al no contar con mecanismos alternos como lo han tenido, en apariencia, las sociedades asiáticas de modernización exitosa, nos hemos visto abocados a soportar las consecuencias, es decir, a afrontar unas tasas mezquinas de crecimiento y niveles escandalosos de desigualdad. En una palabra, nuestra actitud autoritaria en diversos espacios de nuestra praxis ha afectado negativamente los frutos de una modernización adecuada, igualmente no tener instalados y sobre todo arraigados los valores de la racionalidad normativa, tal como el respecto por los derechos fundamentales y el derecho a disentir, ha impedido una mejor convivencia como miembros de la sociedad.




[1] Se denomina procústeo o  procrustiana a aquello opuesto a lo ergonómico, por la Procustes de la mitología griega, es decir, que parte de la idea de que es la persona quien debe adaptarse a los objetos y no al revés, ver. Wikipedia. 

miércoles, 27 de abril de 2016

¡Con esta informalidad andamos en la olla!

Informalidad urbana: una tradición arraigadamente alta


La precariedad del mercado laboral colombiano es muy alta, sobre todo en ciertos asentamientos geográficos: con exclusión de Cartagena y Barranquilla, y sus respectivas A.M., en el resto de los centros urbanos de la región Caribe y las ciudades de Cúcuta y Florencia se han evidenciado las mayores tasas de informalidad... Primordialmente, las actividades de los ocupados informales se han desarrollado en contextos callejeros (26,70%), en vivienda (36,92%), por ejemplo talleres o tiendas de barrio, y en local fijo (32,89%).

Por Carlos Javier Barbosa C.

En Colombia el volumen y proporción de la informalidad de los ocupados es muy alto. La informalidad es una característica bien conspicua de nuestra institucionalidad laboral, al igual de lo que se evidencia en muchas economías que están en proceso de desarrollo. Para corroborar esta afirmación basta con mirar rápidamente el volumen y la proporción de los ocupados en condición de informalidad durante el trimestre diciembre-febrero de 2016: en los 13 principales centros urbanos, incluyendo áreas metropolitanas (A.M.), el monto equivalió a 4.987.000 “informales” y en las 23 principales ciudades a 5.669.000 ocupados. En términos proporcionales estas cifras correspondieron a una participación del 47,17% y 48,43%, respectivamente. De forma semejante, no deja de ser inquietante que el volumen de ocupados informales no remunerados ascendió a 248.000 en las 13 principales ciudades (y A.M), y a 271.000 en los 23 principales centros urbanos, durante el trimestre estudiado. Para el ciudadano de a pie, sobre todo el que pertenece a los menores estratos socioeconómicos, la idea de tener un empleo “con las prestaciones de ley” bien podría equipararse a un objetivo no fácilmente alcanzable, accesible, todo lo cual procura una idea acerca de la percepción notoria que se tiene acerca de la situación precariedad del mercado laboral.

Para los lectores no iniciados en el tema, se indica que los economistas aluden a la calidad o precariedad del mercado laboral mediante los conceptos de tasa de desempleo, tasa de subempleo y proporción de ocupados en el sector informal. Cualquier valor alto en una o cualquier combinación de estas tasas manifiesta un mercado laboral notablemente deteriorado.

En general, la situación de informalidad del mercado laboral refleja nuestra institucionalidad en diversos aspectos. Ofrece una idea acerca de las condiciones laborales y de ingreso de las personas ocupadas en dicha condición, grado de aseguramiento en salud, riesgos profesionales e invalidez, acceso de dichos ocupados a la pensión o al crédito formal, puntualidad y estabilidad en los pagos de los ingresos laborales, inclusive grado de modernidad de las unidades económicas, por colocar un ejemplo muy sencillo. También arroja luz acerca del cumplimiento de regulaciones en asuntos sanitarios y ambientales (condiciones laborales), y de responsabilidad para con los empleados dependientes por parte de los empleadores.

Se considera que buena parte del no cumplimiento de las normas por parte de los empleadores puede obedecerse a estrategias de supervivencia (informalidad involuntaria), hecho que, correlativamente, influye de forma negativa en los trabajadores dependientes toda vez que terminan privados de las ventajas de pertenecer al sector formal (vrg., contar con seguridad social ayuda a contrarrestar las adversidades derivadas de enfermedad, accidentalidad e invalidez; también, contar con cesantías ayuda a paliar los embates del desempleo). Igualmente, la condición de informalidad puede deberse simplemente a la racionalidad económica de los empresarios en un marco institucional donde el Estado es débil para vigilar y hacer cumplir las normas (enforcement), en las pequeñas unidades económicas. En suma: se puede considerar que “hay una informalidad voluntaria –la que practican los empresarios `vivos´ dentro de un Estado débil- y una involuntaria, la que tienen que `practicar´ los ocupados más desventajados o los empresarios que tienen que supervivir”.

Aunque resulta una perogrullada manifestar que el mercado laboral colombiano es un mercado crónicamente maltrecho, de forma complementaria resulta importante resaltar que dicho deterioro no se distribuyó de forma homogénea en las diferentes áreas urbanas durante el periodo 2008-2016. En este espacio nos referirnos a la tasa de informalidad como sinónimo de deterioro del mercado laboral. Para empezar: ¿sabía el lector que, con exclusión de Cartagena y Barranquilla, y sus respectivas A.M., los demás centros urbanos de la costa atlántica o mejor de la región caribeña, evidenciaron unos de los mayores promedios de tasas de informalidad en el conjunto de las 23 principales ciudades? Sincelejo (69,43%), Riohacha (65,75%), Santa Marta (65,17%), Montería (64,90%) y Valledupar (64,76%). Igualmente ¿sabía el lector que las otras dos ciudades colombianas con mayores promedios de tasas de informalidad fueron Cúcuta (68,97%) y Florencia (66,58%). Con todo, per se, estos porcentajes son escandalosamente altos toda vez que en estas áreas urbanas prácticamente dos de cada tres ocupados estuvieron en condición de informalidad.

Aunque un vistazo sucinto nos podría inclinar a considerar la posible existencia de una relación directa entre la tasa de formalidad y el tamaño de la ciudad, los resultados exhibidos por Manizales (45,43%), Tunja (50,52%) y Pereira (52,12%), por ejemplo, invalidan esta conjetura. Pese a ello, es claro que Bogotá D.C., presentó la menor tasa de informalidad (44,66%). Aparte de Medellín que obtuvo una tasa semejante a la de Manizales (45,66%), y de Bogotá, los otros tres grandes centros urbanos del país tuvieron tasas de informalidad superiores al 50%: Cali (51,05%), Barranquilla (56,54%), y Bucaramanga (57,52%). A pesar de presentar las menores tasas de informalidad, se subraya que las tasas de informalidad de estos centros urbanos han sido muy altas todo lo cual denota un mercado laboral significativamente precario. (Gráfico 1).
Gráfico 1.

Fuente: DANE, GEIH.

De otro lado, los resultados de las encuestas en las 13 principales ciudades y A.M. sugieren que los renglones económicos con mayor proporción de ocupados en la informalidad correspondieron a los ocupados en los sectores de comercio-hoteles y restaurantes- (67,96%), seguidos por los ocupados en las ramas de transporte-almacenamiento y comunicaciones- (60,39%), construcción (59,69%), agricultura-pesca, ganadería, caza y silvicultura (47,49%). Por su parte, la proporción de informales en la industria manufacturera, trimestre diciembre-febrero, alcanzó durante el periodo 2008-2016 una media (geométrica) de 38,85%, similar a la advertida en servicios comunales sociales y personales (38,03%) y en la rama de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (37,60%). Por contraste, la tasa de informalidad en el sector de suministro de electricidad, gas y agua apenas registró una participación perceptiva (1,31%); en menor contraste, también se advirtieron tasas pequeñas de informalidad en la rama de explotación de minas y canteras (10,68%), e intermediación financiera (9,44%). (Gráfico 2).    

Gráfico 2.

Fuente: DANE, GEIH.

Al considerar los datos según posición ocupacional se advierte que la mayor precariedad laboral en las 13 principales ciudades, y respectivas A.M., la presentaron los empleados domésticos (99,66%); los trabajadores familiares sin remuneración (94,38%); los trabajadores sin remuneración en otros hogares (87,23%); los cuenta propia (81,31%); y los patrones o empleadores (78,77%) de empresas hasta con cinco trabajadores. Los trabajadores dependientes y remunerados, por su parte, también presentaron tasas altas de informalidad, ante todo, los jornaleros o peones (54,0%), y, en menor medida, los empleados particulares (21,20%).

Ahora bien, al discriminar los datos del trimestre diciembre-febrero del periodo 2008-2016 por posición ocupacional se puede tener una idea de la estructura del empleo informal, la cual estuvo compuesta mayoritariamente por los cuenta propia (59,56%). La categoría ocupacional empleado particular ha constituido en promedio el 20,26%. Las otras dos categorías con pesos significativos correspondieron a empleado domestico (7,59%), y patrón o empleador (7,24%). Dentro de los trabajadores sin remuneración, los trabajadores familiares explicaron en promedio el 4,69% del total de la informalidad.   
  
Al considerar los datos según nivel educativo, se advierte que los ocupados con nivel educativo superior han ido ganando participación dentro del total de los informales toda vez que pasaron de representar cerca de un 14% durante 2008 a un 17% durante los últimos tres años del periodo considerado. Por contraposición, los ocupados informales con nivel de enseñanza primaria han perdido una ligera participación, posiblemente debido a los cambios propios de la mayor escolarización secular de la población colombiana. Los ocupados en situación de informalidad con nivel de enseñanza secundaria se mantuvieron alrededor del 52%.

En cuanto al lugar donde se desarrolla la actividad económica, existen diferencias palmarias entre los ocupados del sector formal e informal. Para empezar, la mayor parte de los ocupados informales desarrolla su labor económica en viviendas, propias o ajenas, (36,92%), seguida de proporción de ocupados cuyas actividades se desarrollaron en un local fijo (32,89%). También se verificó una participación bastante significativa de ocupados que realizaron sus actividades en sitios descubiertos en la calle (10,41%), en un vehículo (8,69%), y de puerta en puerta (7,60%). (Gráfico 3). Estos datos contrastan con la estructura de la ocupación evidenciada en los trabajadores formales por cuanto las actividades las desarrollaron primordialmente en local fijo (78,61%), de puerta en puerta (5,0%), en un vehículo (4,62%), y en una obra en construcción (3,99%).  
Gráfico 3. 

Fuente: DANE, GEIH.

Como información complementaria, se manifiesta que la universalidad en el acceso a la salud está todavía lejos de cumplirse en vista de que durante el trimestre diciembre-febrero 2016, apenas el 93,16% de los ocupados estuvo afiliado a salud: de éstos, dos de cada tres ocupados (67,21%) pertenecieron al régimen contributivo, y uno de cada cuatro (el 23,08%) al régimen subsidiado. Por su parte, la afiliación en pensiones todavía es una utopía toda vez que durante dicho trimestre apenas el 49,53% del total de los ocupados en las 13 principales ciudades, y respectivas A.M. estaba afiliado .

En conclusión. La precariedad del mercado laboral colombiano es muy alta, sobre todo en ciertos asentamientos geográficos: con exclusión de Cartagena y Barranquilla, y sus respectivas A.M., en el resto de los centros urbanos de la región Caribe y las ciudades de Cúcuta y Florencia se han evidenciado las mayores tasas de informalidad. Al igual que los empleados del comercio, los hoteles, y los restaurantes, los ocupados en los rubros del transporte, almacenamiento, comunicaciones, y construcción presentaron las mayores tasas de informalidad. Primordialmente, las actividades de los ocupados informales se han desarrollado en contextos callejeros (26,70%), en vivienda (36,92%), por ejemplo talleres o tiendas de barrio, y en local fijo (32,89%). Más aún, gran parte de los cuenta propia conforma la ocupación informal (59,56%), seguidos por los empleados particulares que constituyeron en promedio el 20,26% de la informalidad.

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