Nuestra impasividad ante los desvaríos del Estado

Resulta imperativo reconocer la situación y condición tan seria de la cual somos artífices y victimas. Por ello, sin entrar en mayores detalles, tenemos que tomar en cuenta que una característica cardinal desde el momento mismo de nuestra constitución como país es que se ha preservado el esquema de jerarquías que nuestra clase criolla recibió de sus ancestros y de los peninsulares

Por Carlos Javier Barbosa C.

Febrero 25 de 2016

Antes que nada convendría llamar la atención sobre la situación socioeconómica colombiana dentro del concierto internacional. Para hacerlo aquí acudimos sencillamente a las cifras del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (2013). Para los no iniciados, este es un índice compuesto que tiene en cuenta los indicadores económicos de cada uno de los países analizados, además de otros índices sociales, tales como la tasa de alfabetización, etc. En términos generales, se señala que durante 2013 nuestro país ocupó el puesto 98 dentro de un total de 187 países. Es decir, en términos ordinales estuvimos ligeramente por debajo del puesto central de los países examinados. En relación con nuestros vecinos, nuestra situación relativa no nos ofreció mucho espacio para la presunción. En particular, salvo el caso de Ecuador que quedo en igual puesto que nosotros, fuimos superados por el resto de vecinos: Perú (82), Brasil (79), Venezuela (67) y Panamá (65). Complementariamente, dentro del concierto latinoamericano de lengua castellana, que sería nuestro referente cultural más próximo, si bien superamos a Republica Dominicana (102), Paraguay (111), Bolivia (113), y al resto de países centroamericanos (excluida, claro está, Costa Rica que ocupó el puesto 68, y la ya mencionada Panamá), la comparación con Méjico y Cuba nos enrostra lo rezagados que estamos, y ni que decir cuando hacemos lo propio con los países del cono sur.

Ahora bien, visto lo visto, si hemos de objetar nuestro tradicional parroquianismo, hay que advertir que nuestra situación de desarrollo humano dentro del concierto internacional ciertamente no es la más envidiable, por lo menos no dentro de los estándares internacionales. La verdad es bien otra, y aquí se considera que el puesto 98 está más acorde con los berenjenales que “cultivamos” que con la imagen que una y otra vez se quiere vender del país. De hecho, aunque resulte lamentable señalarlo, lo que tenemos para mostrar de gran talante ante el mundo tiene muy poco de manufactura nuestra, razón por la cual nos toca acudir a las maravillas que nos ha dado la naturaleza; el resto, sin talante peyorativo alguno, es costumbrismo, chauvinismo. Decididamente, lo que deslumbra al extranjero que viene a Colombia es más la flora y la fauna autóctonas, amén de considerar una eventual visita a determinadas comunidades indígenas –vrg., por una razón arqueológica-, que por ejemplo contemplar alguna obra artificial esplendorosa de orden global. El punto aquí es que nuestra situación en el orden internacional, o cuando menos en el regional, no es la mejor, y menos aun con los problemas que tenemos que afrontar los colombianos de a pie, dificultades que a golpe de pluma e imagen quieren disimular, bien de forma ladina o de forma abierta, los profesionales de la publicidad, aunada a la actitud de los medios, escasamente críticos, que una y otra vez se empecinan exclusivamente en mostrarnos lo bellos, buenos y amables que somos; en teoría, nuestro mejor perfil: ¿y el resto?   

Para empezar, las noticias acerca de casos conspicuos de corrupción al interior de entidades del Estado, la muerte de niños indígenas extremadamente desnutridos, por citar dos ejemplos de actualidad, muestran que aquí ocurre tediosamente lo mismo, y que a la vez ¡no pasa nada! No hay cambio, no hay justicia (al menos de calidad), no hay equidad… ¡No pasa nada! En dicho sentido, lo mínimo que podría preguntarse uno como ciudadano es: ¿Por qué no hay cambios significativos? ¿Por qué con la tecnología del siglo XXI se siguen muriendo de hambre los niños más pobres? ¿Razones políticas y no tecnológicas?

Lo anteriormente dispuesto se realizó simplemente para declarar la desconexión o aberración entre la imagen que hacen los medios de lo que somos, los problemas tan monótonamente similares, detestablemente crónicos, y el trivial tratamiento de los mismos por parte de los medios (más sensacionalista y difícilmente educativo). Igualmente, se pretende llamar la atención acerca de los problemas que persistentemente forjamos y no logramos superar. Con todo, la búsqueda de la solución a dichos problemas es no delegable en la medida que nos ha afectado crónicamente a todos, directa o indirectamente y de muy mala manera. Es decir, no se trata de problemas menores, a los cuales se les pueda seguir otorgando la dignidad propia de un sainete ante la impertérrita mirada nuestra.

En realidad, resulta imperativo reconocer la situación y condición tan serias de la cuales somos artífices y victimas. Por ello, sin entrar en mayores detalles, tenemos que tomar en cuenta que una característica cardinal desde el momento mismo de nuestra constitución como país es que se ha preservado el esquema de jerarquías que nuestra clase criolla recibió de sus ancestros y de los peninsulares. Sin ir más lejos, debe recordarse que la torta, hasta ese momento en poder de los peninsulares (ladinos, segundones, conspicuos y, por supuesto, soberbios) no fue repartida por igual para todos los participantes de la gesta libertadora, y menos para los que no hicieron parte de ella, pero en cuyo nombre también se protagonizó. De hecho, la gente de bien constituida por los criollos y los nuevos “arribados”, i.e., mestizos que “pelearon” hombro con hombro junto al libertador, se repartieron la “parte del león”; el clero, obviamente, también obtuvo su justa participación. El control del Estado, por supuesto, quedó en manos de las altas jerarquías, criollos y milicia: “no iba a quedarse en manos de la muchedumbre que poco o nada sabe de autogobernarse”. La educación, de conformidad con los aires de la época, quedo en manos de la autoridad sacra. (Claramente, dentro de nuestra narrativa clásica que exalta gran número de próceres, doctores y demás, la población mestiza, indígena y afro-americana, no fue trascendental para la constitución del país).

El problema con lo inmediatamente anterior, no fue tanto el mal reparto original, que en último término resultó ser un mal menor comparado con la preservación y aprendizaje tanto de las licencias peninsulares, como de las locales. De forma más relevante, lo fueron las pésimas relaciones sociales, de servidumbre y autoritarismo que pervivieron entre los pocos que accedieron a la torta original y al control del Estado, y el resto de la población, todo lo cual acaeció dentro de un relativo aislamiento local y mayor en el ámbito internacional, situación que a la sazón no resultaba tan extraña. En particular, el muy limitado desarrollo del mercado, en el caso urbano; la disposición del campo en feudos, con su concomitante estructura servil, en manos de una “nobleza” rural, asistida por uno que otro “hidalgo”; la secular privatización del Estado por parte de unas elites, que extraen lo más y procuran lo menos para los más; una educación confesional poco proclive a la ética del trabajo y del ahorro, al cuestionamiento de la autoridad, o a la investigación científica, representaron originalmente los factores comunes a la modelación de eso que se ha dado en llamar “la colombianidad”. Ha primado lo político (i.e., las relaciones de poder principalmente materializadas en clientelismo y violencia) sobre las relaciones de mercado; ello sin contar el poco o ningún valor dado a lo científico o a lo tecnológico: “que inventen ellos”.

Asimismo, otra característica particular de la formación colombiana durante gran parte de su historia ha sido el sello confesional, instaurada por el clero. De forma general, la evangelización-educación de la población colombiana ha sido recibida en gran medida mediante las homilías celebradas periódicamente. Así se nos ha criado en el respeto por el respeto, y no en evitar el irrespeto para con los interlocutores, en el tabú del cuestionamiento a la autoridad, en la jerarquización, en el respeto por las liturgias, los ritos y las formas, en la naturalización del statuo quo, vrg., tal como hoy es “natural” considerar los derechos de las minorías o inclusive de los animales. Como corolario de lo anterior, la educación formal también se proveyó a través de claustros parroquiales y universidades clericales, por ejemplo. Uno de los colaterales de este tipo de educación, aunque no todo achacable a ella, es que las personas tienden a tener menos autoconfianza  y, por extensión, a creer menos en los otros, incluida su propia parentela. Del mismo modo, habida cuenta de contar con pocas proezas alcanzadas, tienden a creer más en la suerte, en una manito de la Divina Providencia. Aunque no se crea, se considera que es un problema mayor. En una palabra, a optar por una actitud pre-moderna y desestimular la movilidad social. De ahí, más la importancia a las heredades, a la comodidad, a la estabilidad laboral, al temor ante el cambio social, a embarcarse en una empresa, económica o no, y en ultimas a mostrar o exigir actitudes paternalistas.

La afirmación de que Colombia es un país de abogados, tiene su razón de ser en el hecho de que ciertas profesiones liberales se consideraron profesiones de estatus y prestigio, además de la medicina. En particular se destaca que el cultivo en las áreas del derecho, en las humanidades, y en letras ha sido un rasgo atávico que ha caracterizado la formación de las elites colombianas. Bien se podría asociar esta proclividad al hecho de que en Colombia, por ser país un donde han primado las relaciones de poder sobre las demás, los abogados han sido más imprescindibles para el funcionamiento del Estado y de su relación con el resto de las elites que, por ejemplo, los servicios de personal con  formación tecnológica, y o científica para los cuales poca o ninguna demanda realiza el mercado, por ser prácticamente inexistente. En cambio el gusto por las ciencias, por ejemplo, las formales ha sido prácticamente nulo.

Al margen de señalar que como en muchos otros lugares, nuestro salto a la palestra del comercio internacional lo permitieron productos básicos, representados en café y oro, entre otros, la actitud de nuestras elites continuó siendo la misma por más viajes que hicieran a Europa o por más doctas en letras que fueran. En realidad la actitud de la elites criollas era parecida a la del ancien régime francés en tiempo de la emergencia de la burguesía, preocupada más por sus modos de vida, por sus medias de seda, sus obras de arte, vinos, especias y pianos, que por implicarse en la renovación de una arquitectura institucional acorde con la era del capitalismo industrial. Igual ya tenían lo suyo. ¿Qué les preocupaba? Preservar el statuo quo.

La cuestión con todo ese legado es que estamos atrapados en una dinámica que nos ha dejado unos resultados muy deletéreos. Es algo parecido al que se mete en malos pasos y después no se puede salir de ello, a resultas de que dicho sujeto y los suyos terminen en una situación lamentable. En dicho sentido, por cuestiones culturales e históricas hemos generado muy poca riqueza, muy poco capital tanto físico y, ante todo, social, hecho que contrasta con la riqueza tan pletórica en casi todo tipo de recursos que ha ofrecido este territorio. La verdad sea dicha, se ha tratado de un país donde la fuente principal de “creación” de riqueza ha sido el Estado, en cuyo caso, lo habitual ha sido que el acceso a la riqueza, efectiva y significativa, se haga por la vía del poder político, y en mucha menor medida por la económica. Nos hemos acostumbrado a que la riqueza grande viene de la mano del Estado, y poco se ha hecho por el estimulo, desde lo cultural y del capital social, a la iniciativa privada.

Como resultado de lo anterior, por ejemplo, nuestra poca experiencia en liderazgo empresarial, en el sentido de autoridad propia, y por qué no, en la ambición, algo difícilmente experimentable mediante la lectura de libros de auto-ayuda, o grandes best sellers como recomiendan los mercachifles de los medios, todo lo cual, posiblemente, nos hace reacios a tomar partido en los negocios, a procurarnos más la independencia, y a desarrollar el sentido de la cautela y la confianza cuando creemos tener una oportunidad de ganancia. Estos efectos son cuestiones sustantivas, que dependen más de la educación en su pleno sentido, de lo cultural, de la sociedad, razón por la cual en el más de los casos, las imprecaciones y demás hechas contra los casos de marras, así porque sí, en particular por parte de la intelligentsia, sin ofrecer al lector no especializado, ni “intelligent”, la contextualización un poco del porque del statuo quo heredado, quedan por fuera de lugar. Suena a clisé pero es la verdad, los individuos son producto de su medio, de su record, al igual que Robinson Crusoe cuando llegó con su tecnología y sus “instituciones” a la isla que lo albergó; éstas eran de su cultura, de su sociedad.

En suma, no se nos debe hacer raro la razón por la cual Colombia es un país de parroquial, autoritario e intolerante, resignado, si se quiere, condescendiente con la autoridad, yerre ésta o no. Un país donde por efectos de la obsesión de los peninsulares por el linaje y luego por los criollos (si bien más por evocación), se desarrollo el complejo de inferioridad cultural y racial, impuesta por unos y asimilada (naturalizada) por los otros: “… tiene rasgos de noble”, o “…qué tan indio el…”. La prueba está, también, en que somos altaneros con el de abajo y sumisos con el de arriba; poco dados a reclamar nuestros derechos, pues preferimos que sean pisoteados a tener que pasar por la infame vergüenza del escándalo. ¡”Ábrase visto! ¿Cuándo se ha visto a un noble haciendo escándalo por semejantes nimiedades? Eso es propio de la plebe”.

Finalmente, ahí están los resultados: se ha desarrollado todo una red de conexiones entre el Estado (cada una de sus tres ramas) y buena parte del sector privado. Parte de dicho entramado se evidencia en la contratación que se celebra entre lo oficial y lo privado; las sentencias de los grandes magistrados, con sus pensiones e indemnizaciones de fabula, que todos tenemos que trabajar para pagar; las leyes que nos salvan de los abusos de los bancos y las empresas de telefonía celular, por ejemplo; del ejecutivo, “que no tenía conocimiento de ciertos abusos, pero que ya se pone al tanto de la situación”. En concreto, lo que es lugar común para los ciudadanos de a pie es una novedad para el Estado, y para los medios, si es que hemos de juzgar por el escándalo con que tratan los hechos, dándoles cariz de algo novedoso.

No se niega, es posible, que algunos negocios salgan bien y sean lícitos moral y legalmente entre el Estado y una porción del sector privado, pero otros salen mal y otros terriblemente mal. En este sentido, no solamente se usa el Estado para ayudar a generar riqueza, legal pero inmoral en la medida en que es amañado el procedimiento, sino que se desestimula la competencia, y el uso pleno y eficiente de los recursos escasos, en particular la mano de obra. Se desmotiva y estropea el desarrollo del sector productivo y las relaciones sociales; en parte se estimula la delincuencia y todo lo que viene con ella. También se ve como es usado por los gremios económicos para que se legisle a favor en la medida que se piden ayudas, dizque para ayudar a desarrollar un sector productivo, eternamente infante, y poco competitivo, en forma de subsidios, de créditos blandos, etc. Ni que decir de los recursos orientados al gasto social atrapados por el cacicazgo provincial y local, utilizados para fines electorales.

En fin, lo que pasa no es producto de unos cuantos individuos aislados que se portan mal, que “cometen errores”. Es producto de nuestra institucionalidad, criada en el autoritarismo, la obediencia ciega, la poca competencia, donde las elites, grandes y pequeñas pelechan del Estado, en forma de contratos (no abiertos a plena licitación), en forma de nomina, sin atender a la probidad y eficiencia de lo contratado. Los niños que sean muerto de hambre, que de lejos deben ser muchos más, pero que han “boleteado” al Estado son los que han tenido eco mediático. Y claro, “ya se impartieron las respectivas órdenes para que se apersonen del caso”. No nos vengamos a cuento, esto funciona así por la propia dinámica legada y preservada por todas y cada una de las generaciones que han pasado. Los grandes avances, los significativos, en el bienestar material, en las relaciones sociales, han venido de la mano de la ciencia, de la tecnología, bien en forma de vacunas, bien en forma de sistemas operativos informáticos, bien en forma de telecomunicaciones más agiles, etc. Han venido de fuera. Otra cosa es que inevitablemente han permeado Colombia. Por el contrario, los daños que le achacan a la ciencia eso sí que es decisión política. Si fuera por los políticos no tendríamos nada. No vengan a reclamar milagros con avemarías ajenas. Lo poco que tenemos, los avances nos los ha dado la ciencia y la tecnología, que son las que a su vez han hecho “cambiar” a la brava a los políticos.

En conclusión, la solución arranca por nosotros en la medida en que nos apersonemos y dejemos de estarle delegando asuntos fundamentales de nuestro bienestar a estas personas tan probas, capaces y honestas, que se preocupan por nuestro bienestar sin más, “sin exigir nada a cambio”. De todas maneras es hora de que nosotros cambiemos de actitud hacia los problemas que nos aquejan a todos o a una parte de todos. Una base es considerar que lo políticos nunca van a cambiar, que el establecimiento sigue preocupado por lo suyo, y que nos toca asumir, no delegar, estos problemas aquí y ahora. En dicho sentido, como alguna vez indicó un gran poeta antiguo: si no soy yo ¿entonces quien? Y si no es ahora, ¿entonces cuando?

Queremos vivir de la globalización pero difícilmente hacemos algo por hacer parte de ella

Si somos muy débiles en el sentido de no poder ofrecer productos valiosos (y demandables) en el mercado internacional en tanto que no podemos dejar de demandar productos extranjeros que consideramos necesarios, los términos de intercambio necesariamente reflejaran esta condición vía tasas de cambio muy altas.

Por Carlos J. Barbosa

La caída del precio internacional del petróleo ha puesto al descubierto muchas debilidades de la economía doméstica, batacazo que se ha reflejado en el gran incremento de la tasa de cambio, y en otros efectos relacionados con dicha subida. Por ejemplo, son de sobra conocidas algunas consecuencias que se han cristalizado en incrementos de los precios de los bienes/servicios importados, en particular de las materias primas foráneas; su incidencia en el incremento de la tasa de inflación así como el incremento de las tasas de interés, instaurado precisamente para ayudar a contener la concomitante presión inflacionaria. (Todo lo anterior sin contar con los resultados que está provocando el efecto del Niño en la producción agrícola -alimentos y algunas materias primas-, y en la energética, efectos que por añadidura inciden en la tasa de inflación.) 

Es decir, la caída abrupta del precio del petróleo automáticamente nos ha puesto en aprietos, y lo peor, nos ha tomado “por sorpresa”. En realidad, si bien se entiende el infortunio que constituye dicha caída en los ingresos, sobre todo para el Estado, así como su efecto sobre la tasa de cambio, se entiende menos la “sorpresa” expresada por una gran parte de los agentes económicos, en el sentido de que los apuros que estamos experimentando se deben a choques externos, que lo son, pero que en algún momento era previsible su emergencia. En realidad, la bonanza de los altos ingresos por cuenta de los hidrocarburos se debió más a la generosidad de la Divina Providencia, que mantuvo las cotizaciones tan altas durante tanto tiempo, que a virtudes propias de nuestro sistema económico.

En este espacio se considera que lo que está ocurriendo es simplemente una corrección de la tasa de cambio, ajuste que está más en consonancia con lo que nuestro aparato económico puede respaldar, que sobre desvaríos transitorios del mercado: si somos muy débiles en el sentido de no poder ofrecer productos valiosos (y demandables) en el mercado internacional en tanto que no podemos dejar de demandar productos extranjeros que consideramos necesarios, los términos de intercambio necesariamente reflejaran esta condición vía tasas de cambio muy altas.

Aparte de las tres consecuencias más visibles, inicialmente señaladas, que han resultado del cambio de precios, hay otros efectos que vale la pena reseñar, con el fin de tener una idea de la dimensión del choque de marras. De un lado, al ser una fuente muy importante para las finanzas del Estado, la reducción de ingresos por cuenta de la caída del precio internacional del petróleo también incide negativamente en el tesoro público, y por extensión en la financiación de los programas y demás tipos de atención del Estado que se ayudan o se financian con estos recursos, lo que se traduce en menos gasto para programas o proyectos nacionales así como en una reducción de los ingresos destinados a los entes territoriales beneficiarios de regalías. De otro lado, hay que tener en cuenta que el incremento de la tasa de cambio también aumenta, en pesos, el volumen de la deuda externa que tanto sector público como privado han de honrar, lo cual, dicho sea de paso, reduce aun más la cuantía de los recursos públicos que se han de disponer para financiar programas cruciales tanto en el sector social y en la infraestructura, como también los recursos del sector privado que bien puede orientar a consumo, ahorro o inversión, por ejemplo.

Al margen del intrincado panorama macroeconómico que ya se está experimentando, la discusión de fondo que tiene que establecerse y mantenerse corresponde a las acciones que debe tomar el Estado (no solo en cabeza del ejecutivo), y los diferentes sectores que conforman la sociedad colombiana, respecto a las acciones orientadas a promover la competitividad de los bienes/servicios que se realizan dentro del territorio colombiano. Se considera que si bien diagnósticos y sobre-diagnósticos acerca del tema pueden tener algún valor como ejercicio académico, por ejemplo, de poco sirven para enfrentar el problema real en tanto no se le dé la debida importancia a los factores que efectivamente inciden en la competitividad económica.

Por lo anterior, cualquier discusión que se plantee se debe concebir dentro del contexto del largo plazo. El resto es hacer más de lo mismo y, por lo mismo, cosechar más de lo mismo. Si bien desde el ejecutivo se pueda hacer muy buena política económica, con todo, no es un mago: el margen de maniobra de la política económica es harto limitado; sirve para ayudar a capotear algunos choques pero no sirve para generar riqueza (pues esto último es tarea fundamentalmente del sector privado.)

Para empezar, aunque se invoca el mantra según el cual la economía no debe depender del éxito de unos cuantos productos primarios (commodities), en la praxis no se hacemos mayor cosa por superar tal condición, dicho estadio de desarrollo. Por su parte, la planeación y, sobre todo, la instauración y ejecución de lo que llamaríamos las cosas serias, es un asunto marginal, toda vez que estamos consumidos en lo urgente: por ejemplo, levantando y orientando recursos para aplacar el paro cafetero, el paro de los “paperos”, de los lecheros… y, en general, de diversos gremios cuyas vicisitudes es necesario, así lo refleja la práctica, subsanar con recursos públicos.

Al margen de lo perniciosa que pueda ser esta práctica para el sano desarrollo de la economía de mercado, el país, es decir, el establecimiento (personas, gremios o estamentos que tienen incidencia real y significativa en la toma de decisiones), debe establecer una discusión y, sobre todo, una hoja de ruta acerca de las medidas o acciones concretas sobre los factores que tienen afectan la competitividad de la economía. Por ejemplo, de forma muy puntual, se deben establecer acciones concretas orientadas a estimular la productividad del factor trabajo. Se deben, entre otras, elevar los estándares de calificación escolar (superar nuestro limite según el cual se aprueba apenas con un 60% o 70%); estimular la meritocracia y la competencia (vrg., eliminación de subsidios a ciertos sectores productivos); mejorar el acceso y la prestación de bienes y servicios públicos (tales como la justicia de calidad –o de menos impunidad-). En adición, también se debe examinar si se modifica, desde el Estado, alguna parte de la arquitectura institucional tal como la existencia del sistema de compensación familiar o al menos revaluar su uso, pues debe considerarse que las cargas laborales que sufragan este impuesto pesan mucho más sobre las micro y pequeñas empresas, ante todo las menos productivas (que son las que, comparativamente, contratan más trabajado por unidad de capital). En dicho sentido, se debe revisar y promover el ajuste de la estructura institucional con el fin de que responda más armónicamente a los requerimientos de la continua evolución tecnológica así como sus efectos en la praxis económica y en la forma de vida.

Empero, lo que se plantea parece fácil. Es más, lo recién expresado parece un refrito, promulgado y escuchado una y otra vez, que raya en la ingenuidad. Cierto es. “El papel, los discursos y los propósitos de buenas intenciones” lo aguantan todo. Sin embargo, aquí se expresa un pesimismo moderado acerca de los cambios que se harán en un futuro cercano, y que son funcionales al desarrollo económico y humano del país. ¿Por qué? Porque el cambio en la práctica resulta harto difícil en vista de que son los mismos agentes de la sociedad, las mismísimas “fuerzas vivas de la sociedad”, las que tienen que cambiar, las que tendrían que renunciar a prerrogativas, a su visión cortoplacista, de supervivencia (dada su condición de estar respondiendo a la lógica de lo urgente), a sus actitudes cicateras; en fin, porque son las mismas “fuerzas vivas de la sociedad” las que tendrían que “darse la pela”.

Por contra, aquí se considera que no se la darán: en particular, las fuerzas vivas de la economía se ajustarán, eso sí, pero a “la brava” y en su “justa medida”; es decir, cuando el mercado y la tecnología así lo establezcan. En dicho sentido nos debemos hacer muchas ilusiones acerca de nuevas utopías competitivas, pues el sector privado responderá “cuando haya que responder” (i.e., cuando se vea obligado); el Estado, con gran certeza, continuará con su inercia secular, respondiendo al pulso que se da entre los diferentes gremios económicos y otros actores poderosos, bajo la salvedad de que se preserven sus prerrogativas y sus intereses no sean lesionados; el llano “pueblo”, por su parte, mientras mantenga su actitud pasiva en cuanto a la exigencia de ejercicio de sus derechos y no realice, cuando menos, un adecuado control social, contribuirá a dicha inercia institucional. En estas condiciones y con estas actitudes difícilmente se conquistaran nuevos mercados; por el contrario, continuaran las actitudes cicateras de la mayor parte del empresariado colombiano, para mantener su porción del mercado, fundamentalmente los “empresarios” que más pelechan del Estado, que son en esencia los que procuran mantener el mercado cautivo, los que evitan la competencia (con muchos pretextos, como su importancia por ser “generadores” de empleo).

En suma, todos intuimos lo que pasa. Difícilmente cambiaremos. Nos cuesta ser ambiciosos, pensar en conquistar mercados con bienes/servicios demandables, de alto valor agregado, que nos generen riqueza. No somos muy dados a la competencia, por lo menos no la mayoría, y menos aún el establecimiento. Queremos disfrutar de los bienes y servicios y demás beneficios que procura la globalización, pero participamos muy poco en calidad de oferentes para el resto del mundo, de ahí esta tasa de cambio tan terriblemente cara; de ahí, nuestra moneda débil.

Las marchas como forma de protesta: una propuesta infantil, ingenua

“… la mayoría de las marchas, salvo las que hacen parte del acervo folclórico y constituyen un mecanismo de integración social, son mucho ruido y pocas nueces… [s]on más una expresión que un instrumento para concretar logros; una forma de protesta social ingenua; una solución infantil, poco creativa”

Por Carlos J. Barbosa

Aunque resulte de Perogrullo señalarlo, cualquier ciudadano “de a pie” bien podría advertir que durante un largo tiempo los miembros de la familia humana salimos a marchar contra todo; y algunas veces a favor de un “sub-todo”. ¿No? Pruebe con los canales globales como la BBC, la CNN, y la DW, solo por mencionar los medios más conspicuos del escenario occidental. En dicho sentido, el portafolio de temas comunes en el contexto global es tan amplio que resulta excusable, e inevitable, una “intentona tipológica”: marcha contra el calentamiento global; marcha contra la carrera armamentista; contra la voracidad del sistema financiero; contra las hambrunas en África; contra los regímenes autoritarios de los, eufemísticamente, llamados países “en vías de desarrollo”…  (Igual, cualquier otra lista probablemente incluiría las marchas “positivas” tales como las del “Día del Trabajo” y las del “Orgullo Gay”, sólo para mencionar algunas que nos resultan sonoras).        

En el plano doméstico, nuestro país no iba a ser la excepción. ¡Faltaba más! Su realización hace parte de nuestras “grandes conquistas” sociales. En virtud de este hecho, lo que aquí se busca cuestionar, a partir de un ejemplo particular, es que tan coherente y efectiva nos parece su ejecución como medio de protesta social.

Podríamos confeccionar marchas casi para todo, en particular contra los males sociales o grupales que nos aquejan. Unas marchas podríamos percibirlas como extraordinarias y ad hoc, toda vez que se hacen a la medida, esto es, en reacción a algún percance particular; otras por proyectos de largo aliento (las “progresistamente correctas”); otras por cuestiones bastante vagas; y otras que bien podríamos llamarlas desfiles “clásicos”, como las que ejecutan periódicamente algunos grupos particulares. Dentro de las primeras, se podrían mencionar las marchas que se organizan como reacción a un acto execrable; dentro de las segundas cabria citar las marchas que pretenden la conquista de alguna prerrogativa, una nueva “conquista” social, como el reconocimiento de los derechos de algunas minorías, por demás organizadas; las terceras bien pueden ser las marchas contra la corrupción política (¡!); como arquetipo de las últimas se podrían considerar las marchas que organizan durante “el día del trabajo obrero” las centrales sindicalistas.

Por su puesto, esta pseudo tipología invita a valoraciones de distintos calibres y matices. Hay de todo y para todos. Algunas parecen legitimas y genuinas en su concepción (aunque lamentablemente no tanto en su eficacia), otras políticas (¿politiqueras?), otras incoherentes por no decir insensatas, y otras parte del mobiliario folklórico. (Como ejemplo de las primeras se podrían señalar las que apelan a la solidaridad –genuina- en respuesta a algún hecho repudiable cometido en contra de algún ser muy vulnerable. Se pueden considerar como muy legitimas, amén de ser necesarias, si bien su eficacia resulta harto discutible).

Como se indicó anteriormente, lo que aquí se pretende es cuestionar un tipo específico de marchas, como las que se organizan para luchar por algún mal que en apariencia, si bien afecta a un colectivo especifico, su solución trasciende las simples medidas que las marchas persiguen. En concreto, y aunque resulte políticamente incorrecto, aquí se cuestionan en el mejor sentido de la palabra, las marchas contra la violencia de género. En dicho sentido, existe un consenso en que es comprensible que se haga una marcha como expresión de protesta al ultraje de una persona, como también es entendible que los medios de comunicación le den un cubrimiento no solo significativo sino importante. Empero, si se intenta cribar y cuestionar con detenimiento la concepción y tratamiento que le dan los diferentes actores implicados en este tipo de protesta, se advierte que este tipo de actividad (la marcha), solo hace énfasis en los síntomas y como tal pretende soluciones muy simples, por no indicar baladís. Antes que nada, que quede claro: el tema que origina las marchas es muy serio, al cual las más de las veces se le da el trato y la dignidad propia de una obra bufa.

Al grano, y por partes. En primer lugar, consideremos los distintos tipos de actores: los marchistas, que ponen “el pecho”; los medios, siempre “objetivos, prestos y pertinentes”; y finalmente, los “expertos” y los políticos desinteresados “siempre preocupados por el bien común, y por este tema, en particular”. En segundo lugar, los tipos de escenario: de un lado, la calle, la plaza y, de otro, el espacio para los políticos y los comentaristas o “expertos” en el tema. En tercer lugar, aunque representan el lado pasivo de la obra, resulta importante mencionar a las barras, al público, siempre “juzgando con criterio y cabeza fría”.

La puesta en escena: primer acto. Pancarta en mano, cachucha de ganga y silbato en la boca, los miembros del grupo “protestante” saltan a la calle a manifestarse contra un hecho en particular. Gritos a rabiar, silbidos, clamores de justicia, amén de una que otra consigna contra el establishment, y en general, un ruido farragoso, es lo que queda retenido fugazmente en la retina auditiva de uno que otro miembro del público casualmente presente. Además, en la calle y en la plaza la movilidad se ralentiza significativamente. También, si los editorialistas y mogules de los medios lo consideran, la marcha podría incluir algún reportero reconocido, lo cual, obviamente le daría alguna “altura” a dicho evento. Todo ello coronado con el alcance del ágora, el escenario mira, lugar de asamblea y expresión (… ¡pero no necesariamente de audición!). Sin embargo, como muchos otros actos, el evento cuenta con un punto de inflexión, a partir del cual la afluencia empieza a dispersarse, y el clamor concomitante a remitir. 

Segundo acto. Literalmente, con base en lo visto durante la marcha, los corresponsales y demás implicados en los medios realizan apresuradamente sus notas, no sin antes haber “entrevistado”, también, rápidamente a uno que otro experto en el tema, y uno que otro político oportunista (valga el pleonasmo).

Tercer acto. El público, que apenas si pone atención alguna a las noticias, ve la nota, y, al igual que el espectador ocasional de la marcha, difícilmente retiene algo de la misma. Por casualidades de la vida, a lo sumo relacionará el tema de la movilización con algún caso cercano o lejano, si es que logra reconocer el problema.

El caso con todo lo anterior, es que si bien son necesarios los constituyentes de la marcha (participantes “de a pie”, periodistas, “expertos”, y políticos), ninguno realiza un papel significativo que se oriente a solucionar o a apaciguar significativamente el problema que los aglutina. Los marchistas, por ejemplo, piden justicia, más sobre algo causado que sobre algo a eliminar, a prevenir: actúan en caliente, piden la cabeza del monstruo o los monstruos. Los periodistas apenas si entienden o están adecuadamente informados acerca de lo qué están redactando. Los “expertos” buscando cámara, ¡un momento de estrellato!, repitiendo cual si fuera un libreto, lo mismo de siempre. Los políticos pescando en rio revuelto, y ofreciendo soluciones anodinas, que bien las podría ofrecer un vulgar transeúnte. El televidente en lo suyo, es poco lo que le interesa: ve los titulares, escucha las primeras tonadas y, como de costumbre, aunque está presente está ausente. Todo un sainete.

Como experiencia personal, en el caso de la violencia de género, quien esto escribe no conoce marcha alguna contra el machismo que practicamos consciente o inconscientemente todos los colombianos, en particular las colombianas; contra las novelas que pasan los principales canales colombianos, novelas que abiertamente son machistas; contra la alcahuetería del madresolterismo. Complementariamente, tampoco marchas contra la mediocridad de los padres de familia y maestros implicados en la enseñanza de la juventud colombiana. Como siempre: los casos que nos asustan y nos “preocupan” son cuestiones que se solucionan con la remoción de “unas simples manzanas podridas”, y consideramos que todos esos casos son obra de unos pocos monstruos, de unos “desviados”, de unos alienígenas. Eso “nuestra sociedad no lo produce”; los que así lo dicen son apátridas, “que solo ven lo malo”, “que deberían irse”. En fin, la negación pueril.

Evidentemente, eso es lo que somos. Ofrecemos, si es que lo hacemos, soluciones fáciles para problemas difíciles: el mínimo esfuerzo. ¿Y quién no? El problema aquí es que al parecer no entendemos el principio del mínimo esfuerzo toda vez que con las soluciones pueriles, por no decir pusilánimes, que ofrecemos no logramos concretar una solución significativa, mientras que, por contraposición, además de dilatar el problema en el tiempo también lo hacemos en el espacio, en lo personal y en lo social, en el sentido de que la dificultad se agranda amén de derivarse nuevas y mayores contrariedades. En una palabra: nuestro facilismo nos condena al máximo esfuerzo, al esfuerzo sobre-humano, en tanto que nuestra caja de pandora continúa abierta de par en par. 

Claro, este tipo de actitudes frente a los problemas sustantivos no es endémico sino que también se evidencian en otras latitudes. Un caso altamente ilustrativo lo constituye el tema del calentamiento global, infortunio que en apariencia no solo elevaría el nivel del mar sino que modificaría la dinámica del ciclo del agua, con los consecuentes problemas que de ello se desprenden. No nos hagamos a… este problema no se soluciona con marchas. Estas son mediáticas, que bien deben rendir réditos importantes a sus organizadores y patrocinadores. El caso es que, si bien suena a clisé, problemas como estos requieren el concierto y concurso de todos y cada uno de nosotros, y las marchitas (en el pleno sentido peyorativo de la palabra) poco ayudan, salvo como bálsamo a nuestro complejo de culpa por hacer de este vividero un mega-basurero, y por servir, en el mejor de los casos, como medio de integración social y de hacernos sentir parte del mundo globalizado. En una palabra, las protestas en forma de marchas para la crítica de problemas sustanciales constituyen una representación extremadamente tóxica de una actitud mamerta, nada rigurosa, sectaria al facilismo y a la negación de la realidad.

Como resumen de lo anterior, lo que se pone de presente es que la mayoría de las marchas, salvo las que hacen parte del acervo folclórico y constituyen un mecanismo de integración social, son mucho ruido y pocas nueces. “Buche y pluma na’ma”. Son más una expresión que un instrumento para concretar logros; una forma de protesta social ingenua; una solución infantil, poco creativa. Esas marchas son espejismos de solución, cuya participación es propia y excusable en los jóvenes educados en y para “lo mamerto”. Aun más, existen unas marchas que exceden la payasada de la cual “las marchas contra la corrupción” constituyen el arquetipo por antonomasia. La explicación del por qué de esto es “auto-evidente”, e insultaría la inteligencia de cualquier lector “mayor de edad”.

Como juicio lacónico podríamos manifestar que la mejor forma de protesta social inicia con el cambio de actitud, hacia una posición más auto-critica y critica; proclive a programas y proyectos de largo plazo, no enfocada a hallar soluciones inmediatas. El resto es “pura paja”. 

La promoción de la incompetencia y de la injusticia distributiva: el mundo al revés

“[…] los miembros del legislativo que creen que las empresas son competitivas subsidiándoles su ejercicio, es decir haciéndoles su tarea, se equivocan de cabo a rabo, porque lo que terminan estimulando es un ‘empresarismo’ espurio, insostenible”. 

Por Carlos J. Barbosa

La reflexión que constituye el motivo de la presente opinión, se deriva de una noticia que se volvió titular y que alcanzó a tomar matices de escándalo. Evidentemente, se trata de la multa que estableció la Superintendencia de Industria y Comercio al gremio azucarero por “obstrucción a importaciones”. En principio, este hecho constituye el simple ejercicio del trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio.  Si bien hechos de esta naturaleza nos parecen ajenos cuando no distantes a los ciudadanos de a pie, nos incumben a todos, y nos conciernen toda vez que hacemos parte de esa “cosa” “abstracta” llamada Estado. Por ejemplo, ¿no le interesa al lector el Estado cuando le “meten la mano al bolsillo y le sacan” lo del I.V.A. en la caja del supermercado? ¿Cuándo le restan de su saldo el cuatro por mil en el cajero automático? Igual, las leyes que se hacen en el Congreso como la flexibilización laboral ¿no le afectan?

En particular, la decisión tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio resulta muy ilustrativa acerca de cómo funciona una parte del establecimiento, y del porque los ciudadanos colombianos debemos implicarnos no solo para velar por nuestros intereses individuales sino también por el interés general, funcional a una sana y enriquecedora convivencia. Grosso modo, la multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de su misión institucional, se impuso en respuesta a unas prácticas contrarias al bien común, según las cuales las empresas armaron un cartel para evitar lo que debería ser inevitable, i.e., la competencia, todo lo cual redundó en daño al bien común, por cuanto afectó a todos los consumidores en la medida que, por ejemplo, redujo su portafolio de elección (en términos de precios y calidad), en especial a los de menores ingresos por cuanto sufragan una proporción mayor de su ingreso en azúcar. Por su parte, las empresas afectadas por la multa protestaron, ante todo por la cuantía: $320.000 millones. Al margen del monto de la multa, lo que se discute aquí no es la cuantía de la multa, sino la actitud y el ejercicio de una parte del Estado, que en teoría debe procurar por el bienestar general.

Aunque se considera que esto es un problema de derecho, en el cual si las empresas sienten extralimitación del Estado a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, el caso debería ser llevado a los tribunales apropiados y ser dirimido en dichos espacios. Pero no. La cuestión que se resalta aquí y que constituye la esencia de la reflexión es que en su ejercicio consuetudinario una parte del establecimiento (en particular del legislativo), salió de modo precipitado a controvertir la medida todo lo cual envió a la sociedad señales contradictorias, amén de dar la impresión que hacemos parte de un Estado bicéfalo. En lugar de defender el consumidor colombiano, que debería tener acceso a mayor oferta y menores precios, salió a defender a los empresarios (que, según la Superintendencia de Industria y Comercio, se asociaron para evitar la competencia; esto es, se organizaron para capturar el mercado nacional y así mantener artificialmente mayores precios, y mayores rentas, todo a costas de los consumidores). Ante esto, surge una pregunta inevitable: si esto no es daño al bien común, entonces ¿qué es?

A lo anterior, se añade la inquietud de con qué criterios los legisladores practican su ejercicio, si en beneficio de un segmento de la población constituida por unos “empresarios” y, según se dice, de “sus” trabajadores, contra todos los consumidores, mediante una redistribución de recursos de los últimos hacia los primeros. El mundo al revés. No solo se le cargan impuestos sino que éstos se usan para hacerle daño al contribuyente (y al no contribuyente) en beneficio, y de manera injusta, de un segmento poblacional. En este caso ¿la población no está subsidiando tanto el empleo como las ganancias de los “empresarios” privados? ¿Dónde está el Estado colombiano según el cual éste está diseñado para “...servir a la comunidad, [y] promover la prosperidad general…” (Constitución Política, artículo 2)? ¿Está el Estado para subsidiar el empleo de un segmento de los trabajadores? Acaso, con este accionar ¿no se promueve la incompetencia de los “empresarios”, todo en nombre del empleo dentro de un segmento productivo incompetente? ¿Acaso una parte del legislativo está respondiendo de forma abierta a una clientela conformada por “empresarios”? ¿En manos de quienes estamos?

Se considera que el legislativo debería preocuparse por promover la competencia y la competitividad que, en últimas, aseguran un empleo estable y sostenible. Por ejemplo, preocuparse por estimular una educación pertinente y de calidad, que se refleje en unos puntajes decentes en las pruebas PISA. Sin embargo, sobre este hecho se subraya que los miembros del legislativo que creen que las empresas son competitivas subsidiándoles su ejercicio, es decir haciéndoles su tarea, se equivocan de cabo a rabo, porque lo que terminan estimulando es un empresarismo espurio, insostenible. Además, los legisladores en sus sabias decisiones deben saber que este tipo de intervenciones terminan afectando y distorsionando otros aspectos socioeconómicos, entre ellos el alto precio o el indebido uso de la tierra que se mantiene en las unidades productivas cuyos beneficios se obtienen artificialmente.

Con todo, los ciudadanos deberíamos estar más atentos acerca de cuáles son los “padres de la patria” que atentan contra nuestros intereses, posiblemente en beneficio de una determinada clientela, o por ganarse unos cuantos “coros celestiales” de potenciales electores. Como dicen en España, “hay que andarse con mucho ojo”, tenerlos en cuenta, y en lo posible publicitarlos en las redes sociales. De momento, es lo único con lo que contamos los ciudadanos de a pie, que poco contamos para ellos salvo en época de elecciones, al son de unas tonadas populistas y, en el mejor de los casos, de un pedazo de lechona.     

Necessity is the mother of invention