La modernización y nuestra arraigada actitud Procrustiana[1]

¿Por qué no ha logrado arraigar una actitud moderna en nuestra sociedad? …porque hemos recibido y reproducido una herencia y una tradición autoritaria, que no permite el cuestionamiento ni la argumentación y menos aún pedir la rendición de cuentas a nuestros superiores, gobernantes, maestros, señores o patrones.

Por Carlos Javier Barbosa C.

En la actualidad, la modernización de las sociedades no es una opción: es una imposición. Es un acto de supervivencia. Sociedad que no se moderniza continuamente corre el riesgo de ser marginada, de no poder integrarse al mercado global. La modernización hace parte de la racionalidad económica toda vez que se asocia con el aumento de la productividad, de la capacidad de competir, de ganar mercados o al menos de no perder los que se tienen. También, se asocia con el mejoramiento de las condiciones materiales, con un aumento de la utilidad de los bienes y de los servicios, es decir, se inscribe dentro de la ética del utilitarismo, sacro evangelio de la modernidad: lo útil como correspondiente de lo que vale la pena considerar; la utilidad como guía de mi accionar por oposición, vrg., a una supuesta conciencia abstracta que me indica qué es lo bueno y qué es lo malo. (Lo que se expone a continuación es una sucinta reflexión acerca de los modestos resultados del proceso de modernización y del por qué de sus fallas). 

Como tema, la denominada modernización es un asunto vigente, pertinente, toda vez que es un tema transversal que influye la generación de riqueza, la disminución de la pobreza y la retribución de los factores productivos. En Latinoamérica, y en Colombia en particular, los procesos de modernización no han mostrado los resultados tan positivos en materia económica que se han evidenciado en países de otras regiones del Globo, como en algunos del sudeste asiático (Taiwán y Singapur, por citar un ejemplo). Estos hechos han llevado a que se examinen una y otra vez las condiciones y situaciones que posibilitan una modernización exitosa. En unos casos se ha señalado hasta el tuétano que la parquedad de los resultados se debe a que la modernización se ha realizado sin modernidad; en otros, que la modernización se ha hecho a medias. En casos más extremos se ha manifestado que nuestro atraso es el resultado de una subordinación económica y tecnológica respecto a los países más avanzados, hecho que está materializado en una acentuada división internacional del trabajo: nosotros, los rezagados, exportamos materias primas y sombreros volteaos en tanto que ellos, los avanzados, nos venden bienes y servicios con un alto componente de valor agregado (i.e., la Teoría de la Dependencia).

El relativamente bajo valor agregado de nuestras exportaciones y el concomitante tipo de bienes y servicios que predomina en nuestro intercambio con el resto del mundo ha terminado exhibiendo la debilidad de nuestros términos de intercambio. Como es de dominio público, en el corto plazo reciente el precio del dólar experimentó un incremento abrupto por cuenta de la reducción de ingresos derivados de nuestras exportaciones (léase, una caída aguda de los ingresos petroleros). Empero, los medios de comunicación que tanto han subrayado este hecho rara vez han ofrecido una historia menos deficiente, más contextualizada y ¿por qué no? más pedagógica, acerca de las razones de fondo que han incidido en el repunte tan agudo de la tasa de cambio. Difícilmente narran que la mayor proporción del valor de las exportaciones colombianas (FOB-free on board) proviene de productos primarios: básicamente nuestro grueso de exportaciones ha estado constituido por este tipo de productos, los cuales han representado recientemente entre un 65% y un 83%  del valor total de las exportaciones: de ahí los vaivenes de la tasa de marras (datos 2005-2012, Anuario Estadístico CEPAL 2013). Así las cosas, el valor de nuestra tasa de cambio ha dependido preponderantemente de los términos de intercambio de los  frutos de la tierra, del suelo, y como tal ha estado sujeta a las vicisitudes propias del mercado de bienes primarios: nuestra tasa de cambio al garete. En una situación similar, nuestros vecinos más cercanos tampoco se han librado toda vez que han sido al menos tan dependientes de las “rentas del suelo” y de los “frutos de la naturaleza”,  como nosotros, todo lo cual nos ha afectado negativa y mutuamente habida cuenta de ser importantes socios comerciales.   

¿Por qué nuestro comercio externo depende tanto de los frutos de la tierra? ¿Por qué no exportamos valor agregado, producto de nuestra mente y nuestras manos? ¿Por qué los resultados de nuestros indicadores de desarrollo humano son lo qué son y no otros, es decir, mejores? Parte de la respuesta a estos interrogantes está relacionada con el grado de modernización y estructura del aparato productivo, las actitudes empresariales, y el grado y forma de la injerencia del Estado en la economía y en la vida de los ciudadanos. Para empezar, la modernización incide en el grado de eficiencia con que se producen bienes/servicios, y la estructura del aparato productivo define el tipo de competición que se práctica: a) competencia en el sentido tradicional (se compite contra productos similares-en calidad y/o precio-); b) competencia practicada sobre la base de producir nuevos productos y/o realización de los mismos bienes/servicios mediante nuevos procesos. Las actitudes empresariales, por su parte, reflejan la ambición de la burguesía local acerca de la conquista y/o consolidación de nuevos mercados. El grado y forma de injerencia del Estado hace referencia a las políticas de promoción del desarrollo del sistema productivo colombiano, al tratamiento del capital y del trabajo, medidas que en nuestro país se han realizado mediante la acción conjunta de varios ministerios, conspicuamente a través del Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Trabajo o los departamentos administrativos que han hecho sus veces.

En este espacio se considera que el debate sobre modernización y modernidad es un asunto sustantivo, no redundante, por cuanto se relaciona directamente con la eficiencia, con la actitud de las fuerzas vivas de la sociedad (empresarios, políticos y formadores de opinión), con las formas de intervención del Estado, y la organización de la sociedad, todo lo cual determina cardinalmente la generación y distribución de la riqueza así como el grado de convivencia pacífica/armónica de la sociedad.

En Colombia se nos ha dicho que los modestos resultados de la modernización económica (vrg., moderadas tasas de crecimiento económico) obedecen al hecho de que ésta se ha realizado sin el debido ajuste de la mentalidad y las actitudes de las elites, afín a un funcionamiento que privilegie el emprendimiento y la acumulación de capital, quehaceres burgueses por excelencia. Aunque poco a poco ha ido permeando la racionalidad técnico-instrumental en los agentes económicos, los valores de la racionalidad normativa aún no se logran consolidar, y en algunos casos instalar, en la mentalidad colombiana (por ejemplo, la tolerancia y el sacro respecto por los derechos fundamentales). Como resultado, la poca permeabilidad de la modernidad se ha reflejado en una profusa normatividad con poca observancia, en un clientelismo político y en un tratamiento irracional del medio ambiente, tan solo por citar casos bien conspicuos.  

La discusión sobre la modernidad es una tarea fundamental que exige de nuestra parte una actitud crítica, de valernos por nosotros mismos, de participar activamente en el planteamiento y solución de nuestros problemas. En suma, el tratamiento de la modernidad demanda asumir la actitud propia de un mayor de edad. De esto, la pregunta fundamental es: ¿por qué no ha logrado arraigar una actitud moderna en nuestra sociedad? La respuesta mil veces citada es: porque hemos recibido y reproducido una herencia y una tradición autoritaria, que no permite el cuestionamiento ni la argumentación y menos aún pedir la rendición de cuentas a nuestros superiores, gobernantes, maestros, señores o patrones. Correlativamente, tampoco nos gusta que nos cuestionen nuestros pares y menos aun nuestros subordinados. Como corolario de la actitud autoritaria de nuestra educación, tenemos arraigado el temor a contradecir, a participar (“el miedo a hacer el ridículo”), a dudar, a pensar, situación que ha derivado en que evidenciemos “… jactancia cultural… negligencia en las propias investigaciones,…fetichismo verbal, el quedarse en conocimientos parciales: [todo lo cual] ha impedido el feliz matrimonio del entendimiento humano con la naturaleza de las cosas…” (tan solo por citar unas palabras de T. Adorno en su Dialéctica de la Ilustración). En una palabra, la actitud moderna exige participación activa, no delegable, no negligente de parte de los ciudadanos.

Como resultado de nuestra indiferencia ante los valores modernos surge un problema grave en el terreno político que se materializa en el hecho que no existe cultura del accountability, i.e., del llamado a cuentas y de la rendición de las mismas. La inexistencia de dicha cultura ocasiona el surgimiento de diversos tipos de dificultades que se manifiestan en abusos de poder, corrupción y por extensión en una deslegitimación del sistema político, entre otros. En este tipo de sociedades, pobres y estancadas por demás,  florece el denominado clientelismo político en el cual un patrón, o persona de gran influencia, asiste o protege a un cliente a cambio de apoyo político. En realidad, este esquema de hacer política se constituye en un sistema de lealtades serviles que perpetua las relaciones de dependencia entre patrón y cliente, refuerza las actitudes autoritarias y, por extensión, el atraso socioeconómico de la sociedad.

De este modo, en las sociedades donde no existe la cultura del accountability, por ejemplo, se estimula la dependencia de unos segmentos poblacionales respecto a sectores minoritarios que concentran el poder en sus distintas formas (político, financiero, de conexiones, etc.), como también se suscita el atraso. También se presta para que los funcionarios y autoridades a cargo del manejo del Estado eludan o realicen deficientemente prestación de servicios básicos tales como la seguridad y la justicia. Como muestra del crónico atraso socioeconómico, representado, por ejemplo, en tasas muy discretas de crecimiento y de mejoramiento en la distribución del ingreso, se genera un terreno fértil para la oposición al régimen vigente que puede estar conformada por sectores descontentos de la burguesía, las fuerzas armadas y la iglesia (tan solo por citar una parte de las fuerzas vivas de la sociedad) y, por extensión, para la aparición de fenómenos conocidos como caudillismo y populismo, en los cuales la característica distintiva, valga el pleonasmo, es la ausencia de una respuesta institucional desde el Estado a los males sociales. En dicho caso, la respuesta-solución viene planteada de forma personalizada de la mano de un “hombre fuerte”, de un caudillo, que soluciona directamente y en tiempo real los problemas del ciudadano de a pie y pasa por alto los canales institucionales.

Lo anterior conlleva a la existencia de un Estado crónicamente débil, materializado en una enclenque institucionalidad, muy proclive a ser víctima del secuestro o privatización de los haberes “de todos” (patrimonio público) por parte unos grupos poderosos, a la secularización del atraso socioeconómico, de la desigualdad, del resentimiento, de la desesperanza. En este caso, se trata de una sociedad en la cual surgen los caudillismos (toda vez que nadie cree en la institucionalidad vigente), en la cual se estructuran grupos de individuos (“los poderosos” afines a los caudillos y con intereses muy propios) que pescan en rio revuelto, mediante el engaño a las masas ávidas de soluciones simples, rápidas, concretas y definitivas, ardid que se materializa en programas populistas, “armados a la ligera”. Así las cosas, el hecho de caer en descredito el ejercicio de la política, las acciones de los partidos, la credibilidad y efectividad de las instituciones del Estado, redunda en que no se consolide una institucionalidad funcional a un ejercicio sano de la democracia y que, por el contrario, los grupos más poderosos de la sociedad se estén reestructurando continuamente al margen de las instituciones democráticas, en la forma de apoyos a caudillos, a hombres fuertes, con el fin de no perder las prerrogativas, y con este hecho causar una inestabilidad política (tal cual se ha visto en algunos países latinoamericanos).  

Palabras más, palabras menos, en Colombia las actitudes autoritarias han sido un obstáculo para el ejercicio de una sana modernización, palmariamente por la inexistencia de una cultura del accountability (y en no pocos casos del enforcement). Ha derivado en prácticas deletéreas de la política, el secuestro y privatización del Estado por facciones minoritarias de la población, el arraigamiento del clientelismo, florecimiento del caudillismo y del populismo, debilitamiento de la institucionalidad afín al desarrollo de la democracia, descredito del servicio público, abuso del poder, corrupción, el estimulo de la cultura de la búsqueda de rentas, así como de un tratamiento irracional de los recursos naturales (toda vez lo que vale es la rentabilidad inmediata, concreta sin reparar en los costos futuros para la sociedad).  

Para no extendernos más en este espacio de reflexión, se indica que aunque se han evidenciado procesos de modernización económica en medio de ambientes autoritarios y con influencias muy fuertes de la tradición tal como lo exhibido en la modernización del Japón a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como lo atestiguado en Singapur y Corea del Sur a partir de la segunda mitad del siglo XX, la presencia del autoritarismo no se constituiría en un óbice para la modernización y los frutos de la productividad derivada de esta. A modo de explicación surgen consideraciones éticas, practicadas en dichos países, que se le atribuyen a las prácticas del confucianismo, a una marcada ética del trabajo, y a un respeto por la comunidad más que por la individualidad. En Colombia dicho autoritarismo no ha sido funcional, más bien ha sido deletéreo, pues no ha permitido la cultura de la rendición de cuentas, de la exigencia de responsabilidades, más bien ha fomentado la sinvergüencería en las diferentes capas de la sociedad, y nosotros al no contar con mecanismos alternos como lo han tenido, en apariencia, las sociedades asiáticas de modernización exitosa, nos hemos visto abocados a soportar las consecuencias, es decir, a afrontar unas tasas mezquinas de crecimiento y niveles escandalosos de desigualdad. En una palabra, nuestra actitud autoritaria en diversos espacios de nuestra praxis ha afectado negativamente los frutos de una modernización adecuada, igualmente no tener instalados y sobre todo arraigados los valores de la racionalidad normativa, tal como el respecto por los derechos fundamentales y el derecho a disentir, ha impedido una mejor convivencia como miembros de la sociedad.

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[1] Se denomina procústeo o  procrustiana a aquello opuesto a lo ergonómico, por la Procustes de la mitología griega, es decir, que parte de la idea de que es la persona quien debe adaptarse a los objetos y no al revés, ver. Wikipedia. 

¡Con esta informalidad andamos en la olla!

Informalidad urbana: una tradición arraigadamente alta

La precariedad del mercado laboral colombiano es muy alta, sobre todo en ciertos asentamientos geográficos: con exclusión de Cartagena y Barranquilla, y sus respectivas A.M., en el resto de los centros urbanos de la región Caribe y las ciudades de Cúcuta y Florencia se han evidenciado las mayores tasas de informalidad... Primordialmente, las actividades de los ocupados informales se han desarrollado en contextos callejeros (26,70%), en vivienda (36,92%), por ejemplo talleres o tiendas de barrio, y en local fijo (32,89%).

Por Carlos Javier Barbosa C.

En Colombia el volumen y proporción de la informalidad de los ocupados es muy alto. La informalidad es una característica bien conspicua de nuestra institucionalidad laboral, al igual de lo que se evidencia en muchas economías que están en proceso de desarrollo. Para corroborar esta afirmación basta con mirar rápidamente el volumen y la proporción de los ocupados en condición de informalidad durante el trimestre diciembre-febrero de 2016: en los 13 principales centros urbanos, incluyendo áreas metropolitanas (A.M.), el monto equivalió a 4.987.000 “informales” y en las 23 principales ciudades a 5.669.000 ocupados. En términos proporcionales estas cifras correspondieron a una participación del 47,17% y 48,43%, respectivamente. De forma semejante, no deja de ser inquietante que el volumen de ocupados informales no remunerados ascendió a 248.000 en las 13 principales ciudades (y A.M), y a 271.000 en los 23 principales centros urbanos, durante el trimestre estudiado. Para el ciudadano de a pie, sobre todo el que pertenece a los menores estratos socioeconómicos, la idea de tener un empleo “con las prestaciones de ley” bien podría equipararse a un objetivo no fácilmente alcanzable, accesible, todo lo cual procura una idea acerca de la percepción notoria que se tiene acerca de la situación precariedad del mercado laboral.

Para los lectores no iniciados en el tema, se indica que los economistas aluden a la calidad o precariedad del mercado laboral mediante los conceptos de tasa de desempleo, tasa de subempleo y proporción de ocupados en el sector informal. Cualquier valor alto en una o cualquier combinación de estas tasas manifiesta un mercado laboral notablemente deteriorado.

En general, la situación de informalidad del mercado laboral refleja nuestra institucionalidad en diversos aspectos. Ofrece una idea acerca de las condiciones laborales y de ingreso de las personas ocupadas en dicha condición, grado de aseguramiento en salud, riesgos profesionales e invalidez, acceso de dichos ocupados a la pensión o al crédito formal, puntualidad y estabilidad en los pagos de los ingresos laborales, inclusive grado de modernidad de las unidades económicas, por colocar un ejemplo muy sencillo. También arroja luz acerca del cumplimiento de regulaciones en asuntos sanitarios y ambientales (condiciones laborales), y de responsabilidad para con los empleados dependientes por parte de los empleadores.

Se considera que buena parte del no cumplimiento de las normas por parte de los empleadores puede obedecerse a estrategias de supervivencia (informalidad involuntaria), hecho que, correlativamente, influye de forma negativa en los trabajadores dependientes toda vez que terminan privados de las ventajas de pertenecer al sector formal (vrg., contar con seguridad social ayuda a contrarrestar las adversidades derivadas de enfermedad, accidentalidad e invalidez; también, contar con cesantías ayuda a paliar los embates del desempleo). Igualmente, la condición de informalidad puede deberse simplemente a la racionalidad económica de los empresarios en un marco institucional donde el Estado es débil para vigilar y hacer cumplir las normas (enforcement), en las pequeñas unidades económicas. En suma: se puede considerar que “hay una informalidad voluntaria –la que practican los empresarios `vivos´ dentro de un Estado débil- y una involuntaria, la que tienen que `practicar´ los ocupados más desventajados o los empresarios que tienen que supervivir”.

Aunque resulta una perogrullada manifestar que el mercado laboral colombiano es un mercado crónicamente maltrecho, de forma complementaria resulta importante resaltar que dicho deterioro no se distribuyó de forma homogénea en las diferentes áreas urbanas durante el periodo 2008-2016. En este espacio nos referirnos a la tasa de informalidad como sinónimo de deterioro del mercado laboral. Para empezar: ¿sabía el lector que, con exclusión de Cartagena y Barranquilla, y sus respectivas A.M., los demás centros urbanos de la costa atlántica o mejor de la región caribeña, evidenciaron unos de los mayores promedios de tasas de informalidad en el conjunto de las 23 principales ciudades? Sincelejo (69,43%), Riohacha (65,75%), Santa Marta (65,17%), Montería (64,90%) y Valledupar (64,76%). Igualmente ¿sabía el lector que las otras dos ciudades colombianas con mayores promedios de tasas de informalidad fueron Cúcuta (68,97%) y Florencia (66,58%). Con todo, per se, estos porcentajes son escandalosamente altos toda vez que en estas áreas urbanas prácticamente dos de cada tres ocupados estuvieron en condición de informalidad.

Aunque un vistazo sucinto nos podría inclinar a considerar la posible existencia de una relación directa entre la tasa de formalidad y el tamaño de la ciudad, los resultados exhibidos por Manizales (45,43%), Tunja (50,52%) y Pereira (52,12%), por ejemplo, invalidan esta conjetura. Pese a ello, es claro que Bogotá D.C., presentó la menor tasa de informalidad (44,66%). Aparte de Medellín que obtuvo una tasa semejante a la de Manizales (45,66%), y de Bogotá, los otros tres grandes centros urbanos del país tuvieron tasas de informalidad superiores al 50%: Cali (51,05%), Barranquilla (56,54%), y Bucaramanga (57,52%). A pesar de presentar las menores tasas de informalidad, se subraya que las tasas de informalidad de estos centros urbanos han sido muy altas todo lo cual denota un mercado laboral significativamente precario. (Gráfico 1).

Gráfico 1.

Fuente: DANE, GEIH.

De otro lado, los resultados de las encuestas en las 13 principales ciudades y A.M. sugieren que los renglones económicos con mayor proporción de ocupados en la informalidad correspondieron a los ocupados en los sectores de comercio-hoteles y restaurantes- (67,96%), seguidos por los ocupados en las ramas de transporte-almacenamiento y comunicaciones- (60,39%), construcción (59,69%), agricultura-pesca, ganadería, caza y silvicultura (47,49%). Por su parte, la proporción de informales en la industria manufacturera, trimestre diciembre-febrero, alcanzó durante el periodo 2008-2016 una media (geométrica) de 38,85%, similar a la advertida en servicios comunales sociales y personales (38,03%) y en la rama de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (37,60%). Por contraste, la tasa de informalidad en el sector de suministro de electricidad, gas y agua apenas registró una participación perceptiva (1,31%); en menor contraste, también se advirtieron tasas pequeñas de informalidad en la rama de explotación de minas y canteras (10,68%), e intermediación financiera (9,44%). (Gráfico 2).    

Gráfico 2.

Fuente: DANE, GEIH.

Al considerar los datos según posición ocupacional se advierte que la mayor precariedad laboral en las 13 principales ciudades, y respectivas A.M., la presentaron los empleados domésticos (99,66%); los trabajadores familiares sin remuneración (94,38%); los trabajadores sin remuneración en otros hogares (87,23%); los cuenta propia (81,31%); y los patrones o empleadores (78,77%) de empresas hasta con cinco trabajadores. Los trabajadores dependientes y remunerados, por su parte, también presentaron tasas altas de informalidad, ante todo, los jornaleros o peones (54,0%), y, en menor medida, los empleados particulares (21,20%).

Ahora bien, al discriminar los datos del trimestre diciembre-febrero del periodo 2008-2016 por posición ocupacional se puede tener una idea de la estructura del empleo informal, la cual estuvo compuesta mayoritariamente por los cuenta propia (59,56%). La categoría ocupacional empleado particular ha constituido en promedio el 20,26%. Las otras dos categorías con pesos significativos correspondieron a empleado domestico (7,59%), y patrón o empleador (7,24%). Dentro de los trabajadores sin remuneración, los trabajadores familiares explicaron en promedio el 4,69% del total de la informalidad.   

  

Al considerar los datos según nivel educativo, se advierte que los ocupados con nivel educativo superior han ido ganando participación dentro del total de los informales toda vez que pasaron de representar cerca de un 14% durante 2008 a un 17% durante los últimos tres años del periodo considerado. Por contraposición, los ocupados informales con nivel de enseñanza primaria han perdido una ligera participación, posiblemente debido a los cambios propios de la mayor escolarización secular de la población colombiana. Los ocupados en situación de informalidad con nivel de enseñanza secundaria se mantuvieron alrededor del 52%.

En cuanto al lugar donde se desarrolla la actividad económica, existen diferencias palmarias entre los ocupados del sector formal e informal. Para empezar, la mayor parte de los ocupados informales desarrolla su labor económica en viviendas, propias o ajenas, (36,92%), seguida de proporción de ocupados cuyas actividades se desarrollaron en un local fijo (32,89%). También se verificó una participación bastante significativa de ocupados que realizaron sus actividades en sitios descubiertos en la calle (10,41%), en un vehículo (8,69%), y de puerta en puerta (7,60%). (Gráfico 3). Estos datos contrastan con la estructura de la ocupación evidenciada en los trabajadores formales por cuanto las actividades las desarrollaron primordialmente en local fijo (78,61%), de puerta en puerta (5,0%), en un vehículo (4,62%), y en una obra en construcción (3,99%).  

Gráfico 3. 

Fuente: DANE, GEIH.

Como información complementaria, se manifiesta que la universalidad en el acceso a la salud está todavía lejos de cumplirse en vista de que durante el trimestre diciembre-febrero 2016, apenas el 93,16% de los ocupados estuvo afiliado a salud: de éstos, dos de cada tres ocupados (67,21%) pertenecieron al régimen contributivo, y uno de cada cuatro (el 23,08%) al régimen subsidiado. Por su parte, la afiliación en pensiones todavía es una utopía toda vez que durante dicho trimestre apenas el 49,53% del total de los ocupados en las 13 principales ciudades, y respectivas A.M. estaba afiliado .

En conclusión. La precariedad del mercado laboral colombiano es muy alta, sobre todo en ciertos asentamientos geográficos: con exclusión de Cartagena y Barranquilla, y sus respectivas A.M., en el resto de los centros urbanos de la región Caribe y las ciudades de Cúcuta y Florencia se han evidenciado las mayores tasas de informalidad. Al igual que los empleados del comercio, los hoteles, y los restaurantes, los ocupados en los rubros del transporte, almacenamiento, comunicaciones, y construcción presentaron las mayores tasas de informalidad. Primordialmente, las actividades de los ocupados informales se han desarrollado en contextos callejeros (26,70%), en vivienda (36,92%), por ejemplo talleres o tiendas de barrio, y en local fijo (32,89%). Más aún, gran parte de los cuenta propia conforma la ocupación informal (59,56%), seguidos por los empleados particulares que constituyeron en promedio el 20,26% de la informalidad.

Nuestra impasividad ante los desvaríos del Estado

Resulta imperativo reconocer la situación y condición tan seria de la cual somos artífices y victimas. Por ello, sin entrar en mayores detalles, tenemos que tomar en cuenta que una característica cardinal desde el momento mismo de nuestra constitución como país es que se ha preservado el esquema de jerarquías que nuestra clase criolla recibió de sus ancestros y de los peninsulares

Por Carlos Javier Barbosa C.

Febrero 25 de 2016

Antes que nada convendría llamar la atención sobre la situación socioeconómica colombiana dentro del concierto internacional. Para hacerlo aquí acudimos sencillamente a las cifras del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (2013). Para los no iniciados, este es un índice compuesto que tiene en cuenta los indicadores económicos de cada uno de los países analizados, además de otros índices sociales, tales como la tasa de alfabetización, etc. En términos generales, se señala que durante 2013 nuestro país ocupó el puesto 98 dentro de un total de 187 países. Es decir, en términos ordinales estuvimos ligeramente por debajo del puesto central de los países examinados. En relación con nuestros vecinos, nuestra situación relativa no nos ofreció mucho espacio para la presunción. En particular, salvo el caso de Ecuador que quedo en igual puesto que nosotros, fuimos superados por el resto de vecinos: Perú (82), Brasil (79), Venezuela (67) y Panamá (65). Complementariamente, dentro del concierto latinoamericano de lengua castellana, que sería nuestro referente cultural más próximo, si bien superamos a Republica Dominicana (102), Paraguay (111), Bolivia (113), y al resto de países centroamericanos (excluida, claro está, Costa Rica que ocupó el puesto 68, y la ya mencionada Panamá), la comparación con Méjico y Cuba nos enrostra lo rezagados que estamos, y ni que decir cuando hacemos lo propio con los países del cono sur.

Ahora bien, visto lo visto, si hemos de objetar nuestro tradicional parroquianismo, hay que advertir que nuestra situación de desarrollo humano dentro del concierto internacional ciertamente no es la más envidiable, por lo menos no dentro de los estándares internacionales. La verdad es bien otra, y aquí se considera que el puesto 98 está más acorde con los berenjenales que “cultivamos” que con la imagen que una y otra vez se quiere vender del país. De hecho, aunque resulte lamentable señalarlo, lo que tenemos para mostrar de gran talante ante el mundo tiene muy poco de manufactura nuestra, razón por la cual nos toca acudir a las maravillas que nos ha dado la naturaleza; el resto, sin talante peyorativo alguno, es costumbrismo, chauvinismo. Decididamente, lo que deslumbra al extranjero que viene a Colombia es más la flora y la fauna autóctonas, amén de considerar una eventual visita a determinadas comunidades indígenas –vrg., por una razón arqueológica-, que por ejemplo contemplar alguna obra artificial esplendorosa de orden global. El punto aquí es que nuestra situación en el orden internacional, o cuando menos en el regional, no es la mejor, y menos aun con los problemas que tenemos que afrontar los colombianos de a pie, dificultades que a golpe de pluma e imagen quieren disimular, bien de forma ladina o de forma abierta, los profesionales de la publicidad, aunada a la actitud de los medios, escasamente críticos, que una y otra vez se empecinan exclusivamente en mostrarnos lo bellos, buenos y amables que somos; en teoría, nuestro mejor perfil: ¿y el resto?   

Para empezar, las noticias acerca de casos conspicuos de corrupción al interior de entidades del Estado, la muerte de niños indígenas extremadamente desnutridos, por citar dos ejemplos de actualidad, muestran que aquí ocurre tediosamente lo mismo, y que a la vez ¡no pasa nada! No hay cambio, no hay justicia (al menos de calidad), no hay equidad… ¡No pasa nada! En dicho sentido, lo mínimo que podría preguntarse uno como ciudadano es: ¿Por qué no hay cambios significativos? ¿Por qué con la tecnología del siglo XXI se siguen muriendo de hambre los niños más pobres? ¿Razones políticas y no tecnológicas?

Lo anteriormente dispuesto se realizó simplemente para declarar la desconexión o aberración entre la imagen que hacen los medios de lo que somos, los problemas tan monótonamente similares, detestablemente crónicos, y el trivial tratamiento de los mismos por parte de los medios (más sensacionalista y difícilmente educativo). Igualmente, se pretende llamar la atención acerca de los problemas que persistentemente forjamos y no logramos superar. Con todo, la búsqueda de la solución a dichos problemas es no delegable en la medida que nos ha afectado crónicamente a todos, directa o indirectamente y de muy mala manera. Es decir, no se trata de problemas menores, a los cuales se les pueda seguir otorgando la dignidad propia de un sainete ante la impertérrita mirada nuestra.

En realidad, resulta imperativo reconocer la situación y condición tan serias de la cuales somos artífices y victimas. Por ello, sin entrar en mayores detalles, tenemos que tomar en cuenta que una característica cardinal desde el momento mismo de nuestra constitución como país es que se ha preservado el esquema de jerarquías que nuestra clase criolla recibió de sus ancestros y de los peninsulares. Sin ir más lejos, debe recordarse que la torta, hasta ese momento en poder de los peninsulares (ladinos, segundones, conspicuos y, por supuesto, soberbios) no fue repartida por igual para todos los participantes de la gesta libertadora, y menos para los que no hicieron parte de ella, pero en cuyo nombre también se protagonizó. De hecho, la gente de bien constituida por los criollos y los nuevos “arribados”, i.e., mestizos que “pelearon” hombro con hombro junto al libertador, se repartieron la “parte del león”; el clero, obviamente, también obtuvo su justa participación. El control del Estado, por supuesto, quedó en manos de las altas jerarquías, criollos y milicia: “no iba a quedarse en manos de la muchedumbre que poco o nada sabe de autogobernarse”. La educación, de conformidad con los aires de la época, quedo en manos de la autoridad sacra. (Claramente, dentro de nuestra narrativa clásica que exalta gran número de próceres, doctores y demás, la población mestiza, indígena y afro-americana, no fue trascendental para la constitución del país).

El problema con lo inmediatamente anterior, no fue tanto el mal reparto original, que en último término resultó ser un mal menor comparado con la preservación y aprendizaje tanto de las licencias peninsulares, como de las locales. De forma más relevante, lo fueron las pésimas relaciones sociales, de servidumbre y autoritarismo que pervivieron entre los pocos que accedieron a la torta original y al control del Estado, y el resto de la población, todo lo cual acaeció dentro de un relativo aislamiento local y mayor en el ámbito internacional, situación que a la sazón no resultaba tan extraña. En particular, el muy limitado desarrollo del mercado, en el caso urbano; la disposición del campo en feudos, con su concomitante estructura servil, en manos de una “nobleza” rural, asistida por uno que otro “hidalgo”; la secular privatización del Estado por parte de unas elites, que extraen lo más y procuran lo menos para los más; una educación confesional poco proclive a la ética del trabajo y del ahorro, al cuestionamiento de la autoridad, o a la investigación científica, representaron originalmente los factores comunes a la modelación de eso que se ha dado en llamar “la colombianidad”. Ha primado lo político (i.e., las relaciones de poder principalmente materializadas en clientelismo y violencia) sobre las relaciones de mercado; ello sin contar el poco o ningún valor dado a lo científico o a lo tecnológico: “que inventen ellos”.

Asimismo, otra característica particular de la formación colombiana durante gran parte de su historia ha sido el sello confesional, instaurada por el clero. De forma general, la evangelización-educación de la población colombiana ha sido recibida en gran medida mediante las homilías celebradas periódicamente. Así se nos ha criado en el respeto por el respeto, y no en evitar el irrespeto para con los interlocutores, en el tabú del cuestionamiento a la autoridad, en la jerarquización, en el respeto por las liturgias, los ritos y las formas, en la naturalización del statuo quo, vrg., tal como hoy es “natural” considerar los derechos de las minorías o inclusive de los animales. Como corolario de lo anterior, la educación formal también se proveyó a través de claustros parroquiales y universidades clericales, por ejemplo. Uno de los colaterales de este tipo de educación, aunque no todo achacable a ella, es que las personas tienden a tener menos autoconfianza  y, por extensión, a creer menos en los otros, incluida su propia parentela. Del mismo modo, habida cuenta de contar con pocas proezas alcanzadas, tienden a creer más en la suerte, en una manito de la Divina Providencia. Aunque no se crea, se considera que es un problema mayor. En una palabra, a optar por una actitud pre-moderna y desestimular la movilidad social. De ahí, más la importancia a las heredades, a la comodidad, a la estabilidad laboral, al temor ante el cambio social, a embarcarse en una empresa, económica o no, y en ultimas a mostrar o exigir actitudes paternalistas.

La afirmación de que Colombia es un país de abogados, tiene su razón de ser en el hecho de que ciertas profesiones liberales se consideraron profesiones de estatus y prestigio, además de la medicina. En particular se destaca que el cultivo en las áreas del derecho, en las humanidades, y en letras ha sido un rasgo atávico que ha caracterizado la formación de las elites colombianas. Bien se podría asociar esta proclividad al hecho de que en Colombia, por ser país un donde han primado las relaciones de poder sobre las demás, los abogados han sido más imprescindibles para el funcionamiento del Estado y de su relación con el resto de las elites que, por ejemplo, los servicios de personal con  formación tecnológica, y o científica para los cuales poca o ninguna demanda realiza el mercado, por ser prácticamente inexistente. En cambio el gusto por las ciencias, por ejemplo, las formales ha sido prácticamente nulo.

Al margen de señalar que como en muchos otros lugares, nuestro salto a la palestra del comercio internacional lo permitieron productos básicos, representados en café y oro, entre otros, la actitud de nuestras elites continuó siendo la misma por más viajes que hicieran a Europa o por más doctas en letras que fueran. En realidad la actitud de la elites criollas era parecida a la del ancien régime francés en tiempo de la emergencia de la burguesía, preocupada más por sus modos de vida, por sus medias de seda, sus obras de arte, vinos, especias y pianos, que por implicarse en la renovación de una arquitectura institucional acorde con la era del capitalismo industrial. Igual ya tenían lo suyo. ¿Qué les preocupaba? Preservar el statuo quo.

La cuestión con todo ese legado es que estamos atrapados en una dinámica que nos ha dejado unos resultados muy deletéreos. Es algo parecido al que se mete en malos pasos y después no se puede salir de ello, a resultas de que dicho sujeto y los suyos terminen en una situación lamentable. En dicho sentido, por cuestiones culturales e históricas hemos generado muy poca riqueza, muy poco capital tanto físico y, ante todo, social, hecho que contrasta con la riqueza tan pletórica en casi todo tipo de recursos que ha ofrecido este territorio. La verdad sea dicha, se ha tratado de un país donde la fuente principal de “creación” de riqueza ha sido el Estado, en cuyo caso, lo habitual ha sido que el acceso a la riqueza, efectiva y significativa, se haga por la vía del poder político, y en mucha menor medida por la económica. Nos hemos acostumbrado a que la riqueza grande viene de la mano del Estado, y poco se ha hecho por el estimulo, desde lo cultural y del capital social, a la iniciativa privada.

Como resultado de lo anterior, por ejemplo, nuestra poca experiencia en liderazgo empresarial, en el sentido de autoridad propia, y por qué no, en la ambición, algo difícilmente experimentable mediante la lectura de libros de auto-ayuda, o grandes best sellers como recomiendan los mercachifles de los medios, todo lo cual, posiblemente, nos hace reacios a tomar partido en los negocios, a procurarnos más la independencia, y a desarrollar el sentido de la cautela y la confianza cuando creemos tener una oportunidad de ganancia. Estos efectos son cuestiones sustantivas, que dependen más de la educación en su pleno sentido, de lo cultural, de la sociedad, razón por la cual en el más de los casos, las imprecaciones y demás hechas contra los casos de marras, así porque sí, en particular por parte de la intelligentsia, sin ofrecer al lector no especializado, ni “intelligent”, la contextualización un poco del porque del statuo quo heredado, quedan por fuera de lugar. Suena a clisé pero es la verdad, los individuos son producto de su medio, de su record, al igual que Robinson Crusoe cuando llegó con su tecnología y sus “instituciones” a la isla que lo albergó; éstas eran de su cultura, de su sociedad.

En suma, no se nos debe hacer raro la razón por la cual Colombia es un país de parroquial, autoritario e intolerante, resignado, si se quiere, condescendiente con la autoridad, yerre ésta o no. Un país donde por efectos de la obsesión de los peninsulares por el linaje y luego por los criollos (si bien más por evocación), se desarrollo el complejo de inferioridad cultural y racial, impuesta por unos y asimilada (naturalizada) por los otros: “… tiene rasgos de noble”, o “…qué tan indio el…”. La prueba está, también, en que somos altaneros con el de abajo y sumisos con el de arriba; poco dados a reclamar nuestros derechos, pues preferimos que sean pisoteados a tener que pasar por la infame vergüenza del escándalo. ¡”Ábrase visto! ¿Cuándo se ha visto a un noble haciendo escándalo por semejantes nimiedades? Eso es propio de la plebe”.

Finalmente, ahí están los resultados: se ha desarrollado todo una red de conexiones entre el Estado (cada una de sus tres ramas) y buena parte del sector privado. Parte de dicho entramado se evidencia en la contratación que se celebra entre lo oficial y lo privado; las sentencias de los grandes magistrados, con sus pensiones e indemnizaciones de fabula, que todos tenemos que trabajar para pagar; las leyes que nos salvan de los abusos de los bancos y las empresas de telefonía celular, por ejemplo; del ejecutivo, “que no tenía conocimiento de ciertos abusos, pero que ya se pone al tanto de la situación”. En concreto, lo que es lugar común para los ciudadanos de a pie es una novedad para el Estado, y para los medios, si es que hemos de juzgar por el escándalo con que tratan los hechos, dándoles cariz de algo novedoso.

No se niega, es posible, que algunos negocios salgan bien y sean lícitos moral y legalmente entre el Estado y una porción del sector privado, pero otros salen mal y otros terriblemente mal. En este sentido, no solamente se usa el Estado para ayudar a generar riqueza, legal pero inmoral en la medida en que es amañado el procedimiento, sino que se desestimula la competencia, y el uso pleno y eficiente de los recursos escasos, en particular la mano de obra. Se desmotiva y estropea el desarrollo del sector productivo y las relaciones sociales; en parte se estimula la delincuencia y todo lo que viene con ella. También se ve como es usado por los gremios económicos para que se legisle a favor en la medida que se piden ayudas, dizque para ayudar a desarrollar un sector productivo, eternamente infante, y poco competitivo, en forma de subsidios, de créditos blandos, etc. Ni que decir de los recursos orientados al gasto social atrapados por el cacicazgo provincial y local, utilizados para fines electorales.

En fin, lo que pasa no es producto de unos cuantos individuos aislados que se portan mal, que “cometen errores”. Es producto de nuestra institucionalidad, criada en el autoritarismo, la obediencia ciega, la poca competencia, donde las elites, grandes y pequeñas pelechan del Estado, en forma de contratos (no abiertos a plena licitación), en forma de nomina, sin atender a la probidad y eficiencia de lo contratado. Los niños que sean muerto de hambre, que de lejos deben ser muchos más, pero que han “boleteado” al Estado son los que han tenido eco mediático. Y claro, “ya se impartieron las respectivas órdenes para que se apersonen del caso”. No nos vengamos a cuento, esto funciona así por la propia dinámica legada y preservada por todas y cada una de las generaciones que han pasado. Los grandes avances, los significativos, en el bienestar material, en las relaciones sociales, han venido de la mano de la ciencia, de la tecnología, bien en forma de vacunas, bien en forma de sistemas operativos informáticos, bien en forma de telecomunicaciones más agiles, etc. Han venido de fuera. Otra cosa es que inevitablemente han permeado Colombia. Por el contrario, los daños que le achacan a la ciencia eso sí que es decisión política. Si fuera por los políticos no tendríamos nada. No vengan a reclamar milagros con avemarías ajenas. Lo poco que tenemos, los avances nos los ha dado la ciencia y la tecnología, que son las que a su vez han hecho “cambiar” a la brava a los políticos.

En conclusión, la solución arranca por nosotros en la medida en que nos apersonemos y dejemos de estarle delegando asuntos fundamentales de nuestro bienestar a estas personas tan probas, capaces y honestas, que se preocupan por nuestro bienestar sin más, “sin exigir nada a cambio”. De todas maneras es hora de que nosotros cambiemos de actitud hacia los problemas que nos aquejan a todos o a una parte de todos. Una base es considerar que lo políticos nunca van a cambiar, que el establecimiento sigue preocupado por lo suyo, y que nos toca asumir, no delegar, estos problemas aquí y ahora. En dicho sentido, como alguna vez indicó un gran poeta antiguo: si no soy yo ¿entonces quien? Y si no es ahora, ¿entonces cuando?

Queremos vivir de la globalización pero difícilmente hacemos algo por hacer parte de ella

Si somos muy débiles en el sentido de no poder ofrecer productos valiosos (y demandables) en el mercado internacional en tanto que no podemos dejar de demandar productos extranjeros que consideramos necesarios, los términos de intercambio necesariamente reflejaran esta condición vía tasas de cambio muy altas.

Por Carlos J. Barbosa

La caída del precio internacional del petróleo ha puesto al descubierto muchas debilidades de la economía doméstica, batacazo que se ha reflejado en el gran incremento de la tasa de cambio, y en otros efectos relacionados con dicha subida. Por ejemplo, son de sobra conocidas algunas consecuencias que se han cristalizado en incrementos de los precios de los bienes/servicios importados, en particular de las materias primas foráneas; su incidencia en el incremento de la tasa de inflación así como el incremento de las tasas de interés, instaurado precisamente para ayudar a contener la concomitante presión inflacionaria. (Todo lo anterior sin contar con los resultados que está provocando el efecto del Niño en la producción agrícola -alimentos y algunas materias primas-, y en la energética, efectos que por añadidura inciden en la tasa de inflación.) 

Es decir, la caída abrupta del precio del petróleo automáticamente nos ha puesto en aprietos, y lo peor, nos ha tomado “por sorpresa”. En realidad, si bien se entiende el infortunio que constituye dicha caída en los ingresos, sobre todo para el Estado, así como su efecto sobre la tasa de cambio, se entiende menos la “sorpresa” expresada por una gran parte de los agentes económicos, en el sentido de que los apuros que estamos experimentando se deben a choques externos, que lo son, pero que en algún momento era previsible su emergencia. En realidad, la bonanza de los altos ingresos por cuenta de los hidrocarburos se debió más a la generosidad de la Divina Providencia, que mantuvo las cotizaciones tan altas durante tanto tiempo, que a virtudes propias de nuestro sistema económico.

En este espacio se considera que lo que está ocurriendo es simplemente una corrección de la tasa de cambio, ajuste que está más en consonancia con lo que nuestro aparato económico puede respaldar, que sobre desvaríos transitorios del mercado: si somos muy débiles en el sentido de no poder ofrecer productos valiosos (y demandables) en el mercado internacional en tanto que no podemos dejar de demandar productos extranjeros que consideramos necesarios, los términos de intercambio necesariamente reflejaran esta condición vía tasas de cambio muy altas.

Aparte de las tres consecuencias más visibles, inicialmente señaladas, que han resultado del cambio de precios, hay otros efectos que vale la pena reseñar, con el fin de tener una idea de la dimensión del choque de marras. De un lado, al ser una fuente muy importante para las finanzas del Estado, la reducción de ingresos por cuenta de la caída del precio internacional del petróleo también incide negativamente en el tesoro público, y por extensión en la financiación de los programas y demás tipos de atención del Estado que se ayudan o se financian con estos recursos, lo que se traduce en menos gasto para programas o proyectos nacionales así como en una reducción de los ingresos destinados a los entes territoriales beneficiarios de regalías. De otro lado, hay que tener en cuenta que el incremento de la tasa de cambio también aumenta, en pesos, el volumen de la deuda externa que tanto sector público como privado han de honrar, lo cual, dicho sea de paso, reduce aun más la cuantía de los recursos públicos que se han de disponer para financiar programas cruciales tanto en el sector social y en la infraestructura, como también los recursos del sector privado que bien puede orientar a consumo, ahorro o inversión, por ejemplo.

Al margen del intrincado panorama macroeconómico que ya se está experimentando, la discusión de fondo que tiene que establecerse y mantenerse corresponde a las acciones que debe tomar el Estado (no solo en cabeza del ejecutivo), y los diferentes sectores que conforman la sociedad colombiana, respecto a las acciones orientadas a promover la competitividad de los bienes/servicios que se realizan dentro del territorio colombiano. Se considera que si bien diagnósticos y sobre-diagnósticos acerca del tema pueden tener algún valor como ejercicio académico, por ejemplo, de poco sirven para enfrentar el problema real en tanto no se le dé la debida importancia a los factores que efectivamente inciden en la competitividad económica.

Por lo anterior, cualquier discusión que se plantee se debe concebir dentro del contexto del largo plazo. El resto es hacer más de lo mismo y, por lo mismo, cosechar más de lo mismo. Si bien desde el ejecutivo se pueda hacer muy buena política económica, con todo, no es un mago: el margen de maniobra de la política económica es harto limitado; sirve para ayudar a capotear algunos choques pero no sirve para generar riqueza (pues esto último es tarea fundamentalmente del sector privado.)

Para empezar, aunque se invoca el mantra según el cual la economía no debe depender del éxito de unos cuantos productos primarios (commodities), en la praxis no se hacemos mayor cosa por superar tal condición, dicho estadio de desarrollo. Por su parte, la planeación y, sobre todo, la instauración y ejecución de lo que llamaríamos las cosas serias, es un asunto marginal, toda vez que estamos consumidos en lo urgente: por ejemplo, levantando y orientando recursos para aplacar el paro cafetero, el paro de los “paperos”, de los lecheros… y, en general, de diversos gremios cuyas vicisitudes es necesario, así lo refleja la práctica, subsanar con recursos públicos.

Al margen de lo perniciosa que pueda ser esta práctica para el sano desarrollo de la economía de mercado, el país, es decir, el establecimiento (personas, gremios o estamentos que tienen incidencia real y significativa en la toma de decisiones), debe establecer una discusión y, sobre todo, una hoja de ruta acerca de las medidas o acciones concretas sobre los factores que tienen afectan la competitividad de la economía. Por ejemplo, de forma muy puntual, se deben establecer acciones concretas orientadas a estimular la productividad del factor trabajo. Se deben, entre otras, elevar los estándares de calificación escolar (superar nuestro limite según el cual se aprueba apenas con un 60% o 70%); estimular la meritocracia y la competencia (vrg., eliminación de subsidios a ciertos sectores productivos); mejorar el acceso y la prestación de bienes y servicios públicos (tales como la justicia de calidad –o de menos impunidad-). En adición, también se debe examinar si se modifica, desde el Estado, alguna parte de la arquitectura institucional tal como la existencia del sistema de compensación familiar o al menos revaluar su uso, pues debe considerarse que las cargas laborales que sufragan este impuesto pesan mucho más sobre las micro y pequeñas empresas, ante todo las menos productivas (que son las que, comparativamente, contratan más trabajado por unidad de capital). En dicho sentido, se debe revisar y promover el ajuste de la estructura institucional con el fin de que responda más armónicamente a los requerimientos de la continua evolución tecnológica así como sus efectos en la praxis económica y en la forma de vida.

Empero, lo que se plantea parece fácil. Es más, lo recién expresado parece un refrito, promulgado y escuchado una y otra vez, que raya en la ingenuidad. Cierto es. “El papel, los discursos y los propósitos de buenas intenciones” lo aguantan todo. Sin embargo, aquí se expresa un pesimismo moderado acerca de los cambios que se harán en un futuro cercano, y que son funcionales al desarrollo económico y humano del país. ¿Por qué? Porque el cambio en la práctica resulta harto difícil en vista de que son los mismos agentes de la sociedad, las mismísimas “fuerzas vivas de la sociedad”, las que tienen que cambiar, las que tendrían que renunciar a prerrogativas, a su visión cortoplacista, de supervivencia (dada su condición de estar respondiendo a la lógica de lo urgente), a sus actitudes cicateras; en fin, porque son las mismas “fuerzas vivas de la sociedad” las que tendrían que “darse la pela”.

Por contra, aquí se considera que no se la darán: en particular, las fuerzas vivas de la economía se ajustarán, eso sí, pero a “la brava” y en su “justa medida”; es decir, cuando el mercado y la tecnología así lo establezcan. En dicho sentido nos debemos hacer muchas ilusiones acerca de nuevas utopías competitivas, pues el sector privado responderá “cuando haya que responder” (i.e., cuando se vea obligado); el Estado, con gran certeza, continuará con su inercia secular, respondiendo al pulso que se da entre los diferentes gremios económicos y otros actores poderosos, bajo la salvedad de que se preserven sus prerrogativas y sus intereses no sean lesionados; el llano “pueblo”, por su parte, mientras mantenga su actitud pasiva en cuanto a la exigencia de ejercicio de sus derechos y no realice, cuando menos, un adecuado control social, contribuirá a dicha inercia institucional. En estas condiciones y con estas actitudes difícilmente se conquistaran nuevos mercados; por el contrario, continuaran las actitudes cicateras de la mayor parte del empresariado colombiano, para mantener su porción del mercado, fundamentalmente los “empresarios” que más pelechan del Estado, que son en esencia los que procuran mantener el mercado cautivo, los que evitan la competencia (con muchos pretextos, como su importancia por ser “generadores” de empleo).

En suma, todos intuimos lo que pasa. Difícilmente cambiaremos. Nos cuesta ser ambiciosos, pensar en conquistar mercados con bienes/servicios demandables, de alto valor agregado, que nos generen riqueza. No somos muy dados a la competencia, por lo menos no la mayoría, y menos aún el establecimiento. Queremos disfrutar de los bienes y servicios y demás beneficios que procura la globalización, pero participamos muy poco en calidad de oferentes para el resto del mundo, de ahí esta tasa de cambio tan terriblemente cara; de ahí, nuestra moneda débil.